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Litigios políticos o nota roja

Litigios políticos o nota roja

Columnas viernes 08 de julio de 2022 -

Mientras esperamos que las senadoras panistas muestren la miniatura de la casa de Alito, en Lego, en el Senado, es necesario mostrar la manera en que la oposición se vuelve irracional ante los señalamientos de delitos perpetrados por sus integrantes, delitos del fuero común y federal que los convierte en políticos presos y que quieren mostrarse como presos políticos, como en la antigüedad.

La trampa del discurso de la oposición es tan simple que mueve a manipulación, pero que creen confundir a la gente, sobre todo a aquella que les impusieron la ignorancia y el desapego por la política. Porque en el caso de los dos prófugos de la justicia que dirigen o dirigieron dos de los tres partidos políticos del frente opositor, la advertencia de sus defensores señala que si son culpables que se muestren evidencias y si no las tienen, que dejen de difamar.

En la mayoría de estos casos, la esencia de las evidencias contra los políticos bajo sospecha de corrupción se encuentra entre las evidencias que conforman el proceso penal y no pueden ser exhibidas para protección de la justicia y del propio acusado, de tal manera que no pueden darse a conocer como exigen los cómplices de los acusados. Al no exhibirse estas pruebas aseguran que no existen y, lo que es peor, que las acusaciones son parte de una persecución política.

La costumbre de litigar en los medios terminó por convertirse en un vico de la política y un delirio de la justicia. Así, la opinión pública sentenciaba y hasta daba veredictos de acuerdos a su filiación ideológica, como si fueran jueces algunas veces o como si fueran dioses, en otras.

Este desvío de responsabilidades y atribuciones allanadas por los medios para hacerse de credibilidad y lectores sirvió como una defensa real de los delincuentes para tergiversar el curso de los procesos hasta darse el lujo de exigir impunidad en sus fallos domésticos, que a veces suelen influir en las decisiones de los jueces para que no se les mencione en los medios.

Esto sucedió en su momento en el caso del panista Ricardo Anaya y sigue en vigor con Alejandro Moreno. Líderes del PRI, incluso en el estado de Campeche, presionan para que se muestren las evidencias, so pena de afirmar que se trata de una persecución política.

En este conflicto se suma una variante que es la defensa de la libertad de expresión, que aunque sea una expresión ilegal, desde el momento en que se extrae información de un expediente en pleno proceso, tiene el objetivo de que el acusado alcance la impunidad. O, por lo menos la gente piense que es inocente y que el juez es injusto, cuando los ilícitos los cometen ellos sus correligionarios al convertirse en cómplices.


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