Lo mejor que le podría pasar a Zacatecas: El Ocaso de los Monreal

Columnas lunes 08 de septiembre de 2025 -

Zacatecas es un estado definido por sus paradojas: una tierra de inmensa riqueza cultural y patrimonio de la humanidad que convive con una precariedad económica endémica; un paisaje de belleza profunda marcado por las cicatrices de la violencia; y una democracia cuyas instituciones han sido eclipsadas durante casi un cuarto de siglo por la influencia de una sola familia política. El prolongado dominio de los Monreal, ejercido directamente a través de dos gubernaturas e indirectamente mediante una influencia sostenida, ha sumido a la entidad en una profunda crisis de legitimidad. Esta crisis se manifiesta en una desconexión abismal entre las narrativas oficiales de éxito y la percepción ciudadana, alimentada por un legado de opacidad financiera, escándalos recurrentes y una erosión sistémica de la confianza pública.

La gestión actual del gobernador David Monreal Ávila encarna esta contradicción fundamental. Por un lado, su administración proyecta una imagen de éxito rotundo, particularmente en dos áreas críticas: las finanzas y la seguridad. El discurso oficial se centra en un saneamiento financiero ejemplar, presumiendo no haber contratado nueva deuda y haber pagado más de 3,000 millones de pesos de pasivos heredados en cuatro años.

Esta disciplina, que incluye una política de cero deuda a corto plazo iniciada por el anterior secretario de finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, ha mejorado indicadores clave como la relación entre la deuda y los ingresos de libre disposición. En materia de seguridad, los logros pregonados son aún más espectaculares. Zacatecas, que en 2021 era uno de los estados más violentos del país, ha registrado una disminución de homicidios del 67.9% para 2024, ha avanzado 10 lugares en el Índice de Paz de México y ha visto a sus principales ciudades, Fresnillo y la capital, salir de los primeros puestos en percepción de inseguridad. Oficialmente, se reporta una reducción de homicidios dolosos superior al 83% en 2025 en comparación con el pico de la violencia.

Sin embargo, esta narrativa de éxito choca frontalmente con la realidad que reflejan las encuestas de opinión pública. De manera consistente, sondeos de consultoras como Mitofsky han ubicado a David Monreal entre los gobernadores con menor aprobación de todo México, llegando a registrar un mínimo histórico del 17.4%.

A pesar de leves mejorías, su gestión permanece en el sótano de la evaluación ciudadana. Este abismo entre los datos oficiales y el sentir popular no puede explicarse simplemente por la desinformación. Revela una crisis de legitimidad tan profunda que el mensajero ha invalidado el mensaje. La marca política "Monreal" se ha asociado de tal manera con el nepotismo, la opacidad y el poder dinástico que la ciudadanía recibe cualquier dato positivo con un escepticismo insuperable.

La percepción generalizada, capturada en comentarios ciudadanos que los describen como "los dueños de Zacatecas" o una "mafia del poder", ha creado una barrera de desconfianza que ni las estadísticas más favorables pueden derribar. Por tanto, el problema no radica únicamente en el desempeño de la política pública, sino en un contrato social roto, donde la población ya no cree en las intenciones de quienes gobiernan.

Para comprender el origen de esta desconfianza, es necesario retroceder a la génesis de la dinastía: el gobierno fundacional de Ricardo Monreal entre 1998 y 2004. Su llegada al poder fue un fenómeno político; su dramática ruptura con el PRI tras negársele la candidatura lo posicionó como una víctima del autoritarismo centralista, una narrativa que resonó profundamente en el electorado y lo llevó a una victoria histórica bajo la bandera del PRD. Su mandato inicial fue prometedor, ganándole reconocimiento internacional como un líder latinoamericano a seguir e impulsando legislación social relevante.

No obstante, fue durante esta gestión cuando se sembraron las semillas de la controversia. Al concluir su sexenio, emergieron serias irregularidades financieras. Mientras documentos oficiales firmados por la sucesora Amalia García mostraban un saldo de deuda manejable de aproximadamente 308 millones de pesos, investigaciones posteriores destaparon una deuda oculta con el fondo de pensiones de los trabajadores del estado (Issstezac) que superaba los 219 millones de pesos, muy por encima de los 83 millones que él había reportado.

Más grave aún fue la revelación de que fondos del Issstezac se habrían utilizado para otorgar préstamos irregulares a funcionarios de alto nivel de su propio gabinete, estableciendo un patrón de uso de las instituciones estatales para el beneficio de una red de aliados políticos, conocidos coloquialmente como "Los Cien Compadres". Este episodio no fue un mero error contable; estableció un precedente de opacidad financiera y patronazgo que sentó las bases para una cultura política que permitiría desastres fiscales futuros.

El verdadero costo de esta dinastía trasciende las cifras de la deuda. Se manifiesta en la percepción de una captura institucional que ha debilitado los cimientos democráticos del estado. La sensación pública de que los Monreal actúan como "dueños de Zacatecas" se nutre de un sistema de nepotismo que va más allá de casos aislados; es su método de operación política.

Las disputas internas familiares por la "sucesión" a la gubernatura revelan una concepción del poder como un patrimonio heredable, no como un mandato público. Esta percepción se ve reforzada por una letanía de escándalos: desde el uso de helicópteros privados que contravienen el discurso de austeridad, hasta la adjudicación de contratos a familiares y, de manera más alarmante, las acusaciones de manipular al Tribunal Electoral del estado para anular resultados adversos. Cuando la ciudadanía cree que los árbitros de la democracia y los custodios de los fondos públicos están al servicio de una familia, la fe en todo el sistema se desmorona.

El ocaso del monrealismo en Zacatecas representaría mucho más que un simple cambio de partido en el poder. Sería el primer paso para abordar la crisis de legitimidad que ha paralizado al estado. Si bien la gestión de David Monreal puede exhibir mejoras estadísticas en seguridad y finanzas, estas no se traducen en confianza ciudadana debido al pesado lastre del legado familiar. Un legado que, iniciado por Ricardo Monreal, normalizó la opacidad y el patronazgo, creando el caldo de cultivo para la posterior catástrofe fiscal.

El beneficio más significativo de que la familia Monreal deje de gobernar no reside en la promesa de una administración perfecta, sino en la posibilidad de iniciar un proceso de “liberación” institucional. Se trata de crear el espacio político necesario para que el poder judicial, los órganos electorales y las agencias administrativas recuperen su autonomía y sirvan al interés público, no a una dinastía o partido. Para Zacatecas, el camino hacia una paz y prosperidad comienza por reconstruir la confianza en que el gobierno, sea quien sea, trabaja para todos sus ciudadanas y ciudadanos.