Lo que la reforma se llevó

Los órganos autónomos en México fueron creados como parte de un esfuerzo para garantizar la imparcialidad, transparencia y eficiencia en áreas clave de la política y la economía, alejándolas del control directo del poder ejecutivo y de las fluctuaciones políticas. La idea es que, al ser autónomos, estos órganos pudieran actuar de manera imparcial, especializada y sin presiones políticas, protegiendo los intereses públicos y asegurando que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos y normativos en lugar de intereses políticos o particulares.

La decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de desaparecer siete órganos autónomos, transfiriendo sus funciones a dependencias del gobierno, marca el fin de una etapa en la historia del país. Esta etapa, que surgió durante el proceso de democratización, buscaba establecer mayores controles sobre las instituciones gubernamentales para garantizar que las decisiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el sector energético y la promoción de la competencia económica,fueran de carácter técnico y no político.

Las reacciones a esta decisión no tardaron en llegar. Aunque respetuosos de la división de poderes, los organismos autónomos expresaron su preocupación y opiniones respecto a la medida impulsada por los diputados de Morena y sus aliados. El INAI, a través de sus redes sociales, advirtió que la reforma "afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país". Además, subrayó que el INAI no es solo un organismo, sino una piedra angular en la construcción de una democracia sólida y transparente. El organismo también manifestó su disposición a entablar un diálogo constructivo.

La desaparición del INAI reducirá significativamente el acceso de la ciudadanía a la información pública y debilitará la protección de los datos personales, lo que afectará tanto la rendición de cuentas del gobierno como la salvaguarda de la privacidad. Además, se pone en riesgo el sistema de transparencia y protección de datos construido a nivel estatal, ya que sus funciones recaerían en los gobiernos locales. Las facultades del INAI y de los órganos estatales pasarían a ser ejercidas por las contralorías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual plantea un riesgo considerable al concentrar estas responsabilidades en las mismas instituciones que estarían bajo supervisión, generando una situación donde los poderes se convierten en juez y parte.

En un tono más conciliador, la COFECE destacó los beneficios que ha generado la política de competencia económica, como la imposición de multas por más de 13 mil millones de pesos a empresas que han abusado de su poder, así como ahorros de 36 mil millones de pesos para los consumidores en productos de primera necesidad. La COFECE hizo un llamado a los legisladores de la próxima legislatura para que evalúen cuidadosamente los elementos expuestos por la Comisión y adopten el modelo que mejor beneficie a las y los mexicanos.

El traslado de las facultades de la COFECE a la Secretaría de Economía podría traer varias consecuencias negativas, entre ellas: una reducción de la competencia, lo que incrementaría el riesgo de monopolios y prácticas anticompetitivas; un aumento en los precios y una disminución en la calidad e innovación de bienes y servicios; y una menor accesibilidad a los mercados para nuevas empresas, lo que afectaría la diversidad empresarial y perjudicaría la economía.

Aunque el CONEVAL no fijó ninguna postura sobre la aprobación del dictamen, su labor es crucial, ya que se encarga de medir uno de los problemas más graves que enfrenta el país: la pobreza. Entre sus funciones más destacadas se encuentran el desarrollo de metodologías objetivas para medir la pobreza y la evaluación del impacto de las políticas públicas en la reducción de la desigualdad. Además, el CONEVAL ha promovido la mejora continua de los programas sociales, basándose en evidencia científica y análisis de resultados, y ha generado información confiable que guía la toma de decisiones en políticas de desarrollo social.

La reforma propone que las funciones del CONEVAL sean absorbidas por el INEGI, lo que plantea un riesgo significativo: la posible pérdida de capacidad para evaluar y monitorear la política social y los programas sociales. Si bien el INEGI podría asumir la tarea de medir la pobreza, carece de la experiencia necesaria para evaluar políticas públicas, lo que podría debilitar el control y la revisión de los indicadores de los programas sociales. Esta función es esencial, especialmente en un contexto donde es crucial verificar si las políticas sociales realmente contribuyen a reducir la pobreza.

Los supuestos ahorros y la eliminación de la duplicidad de funciones son los principales argumentos del oficialismo para justificar la desaparición de estos órganos. Sin embargo, el tiempo se ha agotado, durante años, los actores políticos se enfocaron en repartirse el poder, sin prestar suficiente atención a fortalecer el sistema que garantizaría la permanencia de estos organismos. Hoy, la nueva realidad del país refleja que funciones esenciales, como mayor competencia económica, mejores precios, mayor transparencia y una educación de calidad, deberán esperar tiempos más favorables, mientras tanto, somos testigos de cómo los esfuerzos por construir un mejor país se desvanecen lentamente en un mar de burocracia e ineficacia.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC