Pedro Arturo Aguirre
La semana pasada la Unión Europea acordó sancionar al gobierno dictatorial de Alexandr Lukashenko por obligar el aterrizaje de un vuelo en tránsito por el espacio aéreo bielorruso y poder arrestar a un periodista disidente. Estas sanciones son parte de un nuevo mecanismo adoptado por la UE en diciembre del año pasado para castigar actos como el genocidio, torturas, ejecuciones extrajudiciales o abusos contra el derecho a la libre asociación. Se procura penar no tanto a un país, sino a “personas o entidades específicas responsables de violaciones o abusos graves contra los derechos humanos”, esto para evitar perjuicios a la población en general. Rusia y China habían sido las primeras destinatarias de este nuevo régimen de sanciones, la primera en respuesta a la encarcelación del opositor ruso Alexéi Navalni y la segunda como reacción a persecución a la minoría musulmana uigur por parte del gobierno. Meses más adelante, la UE aprobó medidas punitivas contra once personas y cuatro entidades de Birmania, Corea del Norte, Libia, Eritrea y Sudán del Sur.
Las sanciones prohíben a las personas y las compañías afectadas entrar en territorio comunitario y suponen la suspensión de todos sus bienes y activos existentes en la Unión Europea. Sin embargo, han sido muy poco efectivas, sobre todo cuando se trata de “castigar” a potencias económicas y militares. Europa depende del petróleo ruso y constantemente trata de hacer negocios con China. Hasta la fecha Navalni sigue encarcelado, la situación de los uigures en China no cambia y para Lukashenko el beneficio de secuestrar a un adversario supera -por mucho- el costo de recibir sanciones europeas. De hecho, Lukashenko intensificó su represión contra los disidentes y los medios de comunicación luego de ser objeto de medidas coercitivas impuestas tras el fraude electoral perpetrado por este dictadorzuelo el año pasado. Asimismo, las medidas aplicadas contra entidades y personas rusas y chinas han llevado a Pekín y Moscú a reaccionar con sanciones similares contra entidades europeas.
Pero pese a su ineficacia y, quizá, “ingenuidad”, el régimen de sanciones le otorga a la Unión Europea la ilusión de tener una voz propia en el escenario internacional, y si bien es cierta su ineficacia para detener violaciones en naciones dictatoriales al menos refuerza el imagen de una Europa indignada frente a la erosión de los derechos humanos en el mundo. Aunque parezca ser solo un “desahogo”, la UE debe hacer algo porque no puede permitirse el costo de la inacción. No tomar ninguna medida, limitarse a no decir nada evidenciaría a una Europa no comprometida con el Estado de derecho y la democracia e impotente a la hora de proteger a sus propios ciudadanos de actos descarados de terror y represión perpetrados por Estados autoritarios.