Metro y gestión pública

En los últimos años, el Metro de la Ciudad de México ha sido noticia para mal, y eso es malo para todos, principalmente para las millones de personas que lo ocupamos cotidianamente. Ahora, para evitar que más desgracias sucedan, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal? Aquí algunas ideas:

1. Cambiar su naturaleza jurídica: hoy el Metro es un organismo público descentralizado de la administración del gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Eso quiere decir que su presupuesto puede ser modificado, sin más trámite que la aprobación por parte del Congreso de la Ciudad de México, que nunca ha sido un contrapeso real a la Jefatura de Gobierno, porque siempre un mismo grupo político ha dominado ambos entes. Mi propuesta es convertirlo en un órgano autónomo local, como hoy lo son los institutos de transparencia, electoral y defensoría pública locales; que al menos le daría mayor libertad presupuestal y mayor peso político para defenderlo ante el congreso local y la opinión pública.

2. Reactivación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo a la constitución de la CDMX (Art. 19) es una obligación coordinarse con otros órdenes de gobierno, y al ser el Estado de México la zona dormitorio de la metrópoli y la CDMX sede de los poderes federales; la coordinación debería ser normal y cotidiana entre dichos gobiernos, pero sin plazos ni responsables, nada pasa. Eso debe cambiar. Al parecer, el primer y último evento fue en marzo de 2019, al presentarse un programa de pilotaje automático para la Línea B. (http://bit.ly/3ZSH35J) ¿Por qué no ha funcionado desde entonces dicho consejo?

3. Rediseño legal de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Fideicomiso, que incentiven que personas, empresas, gobiernos y organismos internacionales puedan aportar recursos económicos al Metro. Este fideicomiso se constituyó en 2014 durante el gobierno de Mancera, al incrementarse la tarifa de 3 a 5 pesos, para otorgarle al Metro recursos para urgencias en rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento de trenes e instalaciones (https://bit.ly/3klRzlB).

En contraste con el consejo metropolitano antes descrito, la información de este fideicomiso sí está disponible hasta el tercer trimestre del 2022, pero los recursos parecen ser insuficientes: este fideicomiso tenía en 2014 2,449 millones de pesos (mdp), y conforme al último informe disponible al 30 de septiembre de 2020, el mismo cuenta con 1,460 mdp; erogándose la mayoría de los recursos en el mantenimiento y adquisición de trenes (https://bit.ly/3GKXMz4).

Evidentemente, se necesita más dinero y conozco a más de un gobierno u organismo de cooperación internacional que estaría fascinado de aportar recursos al Metro y cacarear su aportación, por lo que rentar espacios dentro del metro a tiendas de conveniencia, u ocupar sus espacios publicitarios para el autoelogio gubernamental es contraproducente.

Finalmente, ¿es opción aumentar la tarifa del Metro o incentivar asociaciones público-privadas? Eso se comentará en la siguiente entrega.