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México enfrenta críticas por permitir que exconvictos aspiren a cargos judiciales
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Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal en Durango, estuvo encarcelado en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Detenido en 2015 en el puente internacional Lincoln Juárez, se le encontraron 4.19 kg de metanfetamina ocultos en un extintor bajo su asiento en un autobús. Fue condenado por conspiración e importación de drogas, cumpliendo una sentencia de cinco años y siete meses en una prisión federal estadounidense .
A pesar de su historial, Chávez Vargas fue aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y figura en la boleta para las elecciones judiciales del 1 de junio. En su campaña, ha reconocido su pasado, calificando el proceso como “injusto e inhumano” y afirmando que desea contribuir a un sistema judicial que inspire confianza .
Organizaciones civiles como Defensorxs han expresado preocupación por la presencia de candidatos con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado en las elecciones judiciales. Además de Chávez Vargas, se han identificado otros aspirantes con perfiles cuestionables, como Fernando Escamilla Villarreal, abogado de miembros del cártel de Los Zetas, y Francisco Hernández Zaragoza, exjuez destituido por acusaciones de abuso sexual .
El Congreso ha impugnado 26 candidaturas, incluyendo la de Chávez Vargas, argumentando que no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación” . Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que no puede retirar nombres de la boleta antes de las elecciones.
Foto por Cuarto Oscuro
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MM/CR
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