Modelo policial para un Estado democrático de derecho

En días pasados recibí la invitación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y del Dr. Gerardo Laveaga, para participar en el programa “Reinventando la profesión”, que tiene como propósito abordar el rol de la abogacía en tiempos en que se han roto muchos paradigmas en torno a la manera de procurar justicia.

Uno de los temas más relevantes al analizar un Estado democrático de derecho, es el papel que juega la policía en la consolidación del mismo y fue precisamente el tema central de la emisión. Expliqué la tesis de Francesc Guillén Lasierra, acerca de los tres modelos policiales reconocidos a lo largo de la historia: gubernativo, profesional y comunitario.

Un modelo de policía gubernativo obedece a las necesidades del gobierno en turno. Éste modelo se identifica con sistemas que hoy pudieran calificarse de autoritarios. Colocan a la policía en la agenda política y no en la de seguridad. El modelo profesional privilegia un rol más técnico de la función policial, sin importar quién gobierne. No obedece necesariamente a los intereses del poder. La policía comunitaria, por su parte, coloca al centro de la función policial la comunicación con el público y lo hacen parte fundamental de los procesos de evaluación del trabajo de los cuerpos policiales.

A pesar de que ya he abordado en este mismo espacio el tema de los modelos policiales, es de máxima relevancia que ante el inicio de una nueva Legislatura del Congreso de la Unión, congresos locales, gobiernos estatales y municipales, se realice una revisión al modelo policial en lo local y federal.

México transita de un modelo profesional a uno gubernativo en el ámbito federal, a partir de la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, que el Presidente de la República propondrá se sume a las Fuerzas Armadas como un brazo más del Ejército Mexicano. Por el momento, la seguridad pública es dirigida de forma visible por el titular del Poder Ejecutivo, quien emite directrices sobre la actuación de la más importante fuerza policial del país. Eso es, insisto, sello distintivo del modelo gubernativo.

Los legisladores en el ámbito federal y local están ante la posibilidad histórica de evitar la destrucción total del modelo profesional. Es indispensable que la seguridad se aborde con visión de largo plazo y no desde la coyuntura político partidista propia del modelo gubernativo.

La existencia de la Guardia Nacional no riñe con impulsar un modelo profesional, eminentemente civil, que fortalezca la tarea fundamental de la policía que es investigar delitos. Dicho modelo puede surgir desde lo local a través del fortalecimiento de las unidades de investigación propias del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que, siendo una política pública de primera relevancia, ha carecido del apoyo necesario.

Es imperioso impulsar las capacidades de investigación en el ámbito federal. El importante estado de fuerza de la Guardia Nacional y la existencia de un modelo profesional orientado a investigar delitos bajo las mejores prácticas, respaldo de tecnología y perfiles científicos, permitiría responder con firmeza al embate de una criminalidad empoderada que opaca el esfuerzo gubernamental por pacificar las regiones más violentas del país.

Legisladores, alcaldes, gobernadores, tienen la responsabilidad de incluir en su agenda la revisión de la estrategia de seguridad acorde a sus necesidades particulares, pero también al rescate del modelo policial profesional que sirva para ello.

Por lo pronto, implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica será su primera prueba. Paso necesario para ser congruentes con un Estado democrático de derecho, como el que anhelamos.