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Mujer denuncia posible fraude inmobiliario y lucha por conservar vivienda en San Juan de Aragón tras descubrir gravamen oculto
Ciudades
Guadalupe Nava Moreno, de 64 años, emprendió una batalla legal para evitar perder la vivienda que adquirió hace aproximadamente 30 años junto a su esposo, ubicada en la colonia San Juan de Aragón Séptima Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, luego de descubrir la existencia de un gravamen hipotecario que, según denunció, nunca le fue informado durante el proceso de compraventa.
La afectada relató que, después de décadas de habitar el inmueble y mantener al corriente los pagos relacionados con la propiedad, acudió a una notaría con el propósito de obtener las escrituras correspondientes. Sin embargo, durante la revisión documental fue notificada de que la casa presentaba una carga hipotecaria pendiente, situación que la colocó en riesgo de perder su patrimonio.
Ante este escenario, Nava Moreno se manifestó junto con familiares y simpatizantes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Doctores. Como parte de la protesta, los inconformes bloquearon el cruce de avenida Dr. Río de la Loza y Dr. Vértiz para exigir la intervención de las autoridades y una revisión exhaustiva de su caso.
De acuerdo con la denuncia pública de la afectada, el adeudo estaría relacionado con Manuel Molina, señalado como la persona que le vendió el inmueble hace tres décadas. No obstante, aseguró que actualmente desconoce el paradero del presunto vendedor y que tampoco ha logrado esclarecer el origen de la supuesta deuda.
El conflicto escaló tras la notificación de un juicio mercantil radicado presuntamente en el Juzgado 49, procedimiento que involucra la propiedad en disputa. La mujer sostuvo que promovió recursos legales para defender sus derechos, aunque afirmó que las acciones emprendidas no avanzaron de manera favorable.
Asimismo, denunció la existencia de posibles irregularidades durante el proceso judicial y solicitó que las autoridades competentes investiguen el desarrollo del expediente para determinar si hubo conductas indebidas o actos de corrupción relacionados con el caso.
La residente de Gustavo A. Madero expresó preocupación por la posibilidad de que una resolución judicial concluya con una orden de desalojo, lo que, aseguró, representaría una afectación irreversible al patrimonio construido por su familia durante décadas.
Por ello, pidió a las instituciones correspondientes revisar a fondo la situación legal del inmueble, esclarecer el origen del gravamen hipotecario y garantizar que cualquier determinación se adopte con apego a derecho. Su principal demanda consiste en que se investiguen los señalamientos de presunto fraude antes de que se ejecute cualquier medida que pueda derivar en la pérdida de su vivienda.
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JM/CR
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