Columnas
@onelortiz
https://youtu.be/vbp4yUgUzgk?si=dEVUG-ll2v-_35d6
En la Ciudad de México, las multas de tránsito para 2025 alcanzaron montos considerables, basados en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fijada en $113.14 pesos. Las sanciones oscilan entre 10 y 30 UMA, lo que implica multas que van desde los $1,131 hasta los $3,394 pesos, dependiendo de la infracción cometida. Por ejemplo, circular sin licencia de conducir se penaliza con 10 a 20 UMA, es decir, entre $1,131 y $2,262 pesos; mientras que manejar sin tarjeta de circulación vigente podría costar hasta $3,394 pesos. Y si alguien se atreve a insultar o agredir a un agente de tránsito, deberá desembolsar hasta $3,394 pesos.
La justificación oficial para estos incrementos y la instalación de más cámaras de vigilancia es la seguridad vial. Sin embargo, en la práctica, parece que el verdadero propósito es otro: la recaudación. Porque en lugar de enfocarse en desarrollar una cultura vial sólida, que priorice la convivencia y el respeto en las calles, las autoridades parecen más interesadas en buscar recursos hasta debajo de las piedras… o mejor dicho, en los bolsillos de los ciudadanos.
Es cierto que la implementación de cámaras puede contribuir a la reducción de accidentes y a un tránsito más ordenado. Pero cuando esta estrategia se convierte en una política de "caza infractores", donde cualquier error se sanciona con montos excesivos, la intención de garantizar seguridad pierde legitimidad. Sobre todo cuando se sabe que las cámaras pueden multar sin contemplar las condiciones del entorno o los contextos específicos de cada infracción.
Además, la corrupción sigue siendo una sombra que empaña cualquier intento de mejorar la seguridad vial. No es un secreto que en la capital aún existen malos elementos en la policía de tránsito que, lejos de cumplir con su deber, toleran y hasta fomentan prácticas irregulares. La instalación de más cámaras podría convertirse en un nuevo pretexto para desentenderse de la depuración interna y dejar en manos de la tecnología lo que debería resolverse con profesionalismo y honestidad.
Por eso, antes de presumir la instalación de nuevas cámaras o de endurecer las sanciones, el gobierno capitalino debería preguntarse si realmente está promoviendo la seguridad o simplemente creando una nueva fuente de ingresos disfrazada de política pública.
Apoyo a la Jefa de Gobierno en mejorar la seguridad de la Ciudad, es su compromiso y responsabilidad, pero sin tolerar los abusos a la ciudadanía.
Porque la verdadera seguridad vial no se construye con multas desproporcionadas, sino con educación, respeto y una policía honesta. Y en eso, la capital todavía tiene mucho camino por recorrer. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.