NUESTROS DERECHOS Y EL INAI

Columnas jueves 20 de abril de 2023 -

El acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes internacionales y nacionales, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado.

En México este derecho está planteado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege nuestro derecho fundamental al acceso a la información de las entidades públicas, y se ve fortalecido con lo mandatado en el artículo 16°, que plantea el derecho a que nuestros datos personales sean protegidos.

Ambos derechos, según la UNESCO son un pilar clave en la construcción de sociedades del conocimiento inclusivas; es parte integrante de la libertad de expresión y un instrumento importante para promover el estado de derecho u otros derechos, a fin de fomentar la confianza y podríamos agregarle también, la desconfianza, ya que los resultados de la información que ha entregado el INAI a ciudadanos, periodistas, académicos e investigadores, han accedido a información que nos ha permitido conocer irregularidades y actos de corrupción en los diferentes gobiernos.

Por ejemplo, quien no recuerda la investigación de la compra de la Casa Blanca de Peña Nieto, hecho que cimbró su gobierno, realizada por los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán y que lograron gracias a que solicitaron información al INAI. O que derivado de una resolución del INAI en 2015 se obligó, a la Procuraduría General de la República a publicar los expedientes de su investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014, y gracias a ello se detectaron las irregularidades en la investigación.

O los casos de desviaciones de dinero público que tenían que ser destinados a salud o educación a otras áreas del gobierno, contrataciones fuera del marco legal, y bueno, lo último los viajes de lujo al extranjero del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y su familia con costo al erario de cientos de miles de pesos, con hospedajes en hoteles de lujo y asistencia a partidos de basquetbol profesional, como estos, muchos otros temas, que sin acceso a la información estarían en alguna caja de cartón escondida.

Sin embargo, lo dicho el 7 de enero de 2021, por el ejecutivo federal que eliminaría varios organismos gubernamentales autónomos incluyendo el INAI, volvió a resonar en Palacio Nacional argumentando que no sirve para nada, y reforzando lo que la semana pasada, el Titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, escribió en su cuenta de Twitter que el INAI es un lastre burocrático, que poco ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia.

En 2021, Human Rights Watch denunció que esa decisión representaría un grave retroceso para los derechos humanos en México, manifestando que “Eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al poder ejecutivo o al Congreso es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso”.

Por eso, el gobierno mexicano tiene la obligación jurídica, moral y ética de proteger todos nuestros derechos, acceder a información oficial, asegurar la protección de nuestros datos personales y contar con un organismo, como lo dice la Constitución, “autónomo” que los garantice, sin estos elementos no habrá diferencia entre el pasado y el presente.

MAESTRA ROSALIA ZEFERINO SALGADO

ASESORA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

E IMAGEN PÚBLICA