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La discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum es uno de esos casos donde, al final, nadie gana.
No ganó la presidenta. Su propuesta no pasó y terminó con un “Plan B”. Pero, un plan B es un camino alternativo para llegar al mismo destino y este no lo es. No modifica la arquitectura del sistema electoral ni redefine la representación política; es, en esencia, una estrategia de austeridad: menos regidores y menos presupuesto para los congresos y el Senado.
La operación parlamentaria descansa en una estructura de recursos que rayan en el exceso. El ejemplo más cercano está en el Congreso de la Ciudad de México.
Cada diputado capitalino recibe una dieta mensual cercana a los 55 mil pesos, pero ese ingreso es apenas la superficie. A ello se suman más de 100 mil pesos mensuales destinados al funcionamiento de módulos de atención ciudadana. En términos anuales, ese apoyo supera 1.2 millones de pesos por legislador.
A eso hay que agregar asesores y 50 mil pesos por evento (Día del Niño, Día de la Madre, posadas). Y si forman parte de la Junta de Coordinación Política, los recursos se incrementan.Sería injusto negar que algunos legisladores sí tienen módulos reales, equipos de trabajo profesionales y actividades que ayudan a la gente. Pero también es cierto que, en otros casos, esos recursos terminan como instrumentos de promoción personal, clientelismo o en sus bolsillos.
Tampoco ganó Morena. El partido en el gobierno no logró aprobar la reforma de su propia presidenta y, peor aún, el proceso evidenció tensiones internas y dificultades para alinear a su coalición parlamentaria.
El PT y el PVEM perdieron al exhibir sus intereses y negociaciones bajo la mesa. Hoy intentan recomponer el discurso diciendo que respaldarán el llamado Plan B, pero el episodio dejó una fotografía incómoda.
La oposición tampoco puede presumir victoria. No supo capitalizar el momento. Se limitó a bloquear, pero no construyó una alternativa ni logró movilizar respaldo ciudadano para defender su visión del sistema democrático.
Y al final, quien menos ganó fue la ciudadanía. México sigue necesitando una reforma electoral que actualice reglas, mejore la representación y haga más eficiente el uso de los recursos públicos.
ENTRE GITANOS
EL HOSPITAL BAJO LA LUPA
En la narrativa pública del combate a la corrupción conviene poner atención a lo que hoy ocurre en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. El pasado 13 de marzo se emitió el fallo del procedimiento LA-12-NBB-012NBB001-N-6-2026 para contratar el “Servicio Especializado de Limpieza e Higiene Hospitalaria”. El contrato fue adjudicado a la empresa OCRAM SEYER S.A. de C.V.; pero, nos dicen que hay señales que ameritan una revisión seria.
La convocatoria exigía que acreditaran el cumplimiento de diversas normas de seguridad laboral mediante un Acta de Inspección vigente de la Secretaría del Trabajo. En el documento presentado por la empresa la autoridad laboral señaló la falta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, ausencia de un programa de seguridad y salud en el trabajo, deficiencias en la identificación de riesgos psicosociales y carencias en la documentación sobre equipo de protección personal. Aun así, la propuesta fue considerada “solvente”.
Además, la empresa declara que la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 —relativa al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos— no le aplica y en otro documento afirma cumplirla íntegramente. Y del listado de personal presentado, al menos trece nombres no aparecen registrados ante el IMSS. ¿Omisión administrativa o simulación de recursos humanos?
Hay mucho más. Pese a ello, el Departamento de Intendencia del hospital, encabezado por Verónica Sinaí Jiménez Franco, firmó el dictamen que permitió declarar solvente la propuesta técnica. ¿Será porque se trata de una empresa del polémico empresario Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido en el sector como el “Zar de la limpieza?
Este caso amerita una revisión abierta y transparente por parte del director del hospital, Dr. Simón Kawa Karasik, el Órgano Interno de Control y la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez. Al tiempo.
*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.
avilezraul@hotmail.com