Nuestra permanente crisis educativa

Columnas miércoles 13 de mayo de 2026 -

La rectificación de la Secretaría de Educación Pública respecto de la terminación anticipada del ciclo escolar no cancela el problema de fondo; antes bien, lo muestra en toda su magnitud: lo verdaderamente preocupante es que una decisión de esa magnitud pudiera siquiera plantearse sin que mediara una reflexión pedagógica profunda, una valoración integral de sus impactos sociales y un debate nacional serio sobre las consecuencias para millones de niñas, niños y adolescentes y sus familias.

La educación pública mexicana sigue ocupando un lugar marginal dentro de las prioridades estructurales del Estado. Y el problema no es únicamente de recursos insuficientes, sino la incapacidad histórica para comprender que la educación constituye la principal infraestructura civilizatoria de una democracia.

México no invierte lo suficiente en educación, pero deberíamos superar, de una vez por todas, el umbral del 5% del PIB, lo cual debería asumirse como una prioridad nacional impostergable. Ello implicaría destinar más de 350 mil millones de pesos adicionales cada año; una cifra elevada, sin duda, pero proporcional a la magnitud del rezago acumulado.

En ese sentido, el deterioro de la infraestructura escolar constituye una de las más inaceptables expresiones de la desigualdad mexicana. Millones de estudiantes siguen asistiendo a escuelas sin acceso regular a agua potable, sin baños, sin electricidad funcional, sin bardas perimetrales, sin conectividad digital y sin espacios adecuados para el juego, la convivencia o el aprendizaje.

Una escuela sin agua potable es un mensaje político sobre el valor social que se otorga a quienes estudian ahí. Una escuela sin internet condena a generaciones enteras a nuevas formas de desigualdad cognitiva. Una escuela sin áreas verdes ni espacios recreativos adecuados empobrece la experiencia educativa.

Incrementar la inversión pública debe servir también para transformar profundamente el modelo pedagógico mexicano, pues los resultados hasta ahora muestran que se inhibe la creatividad, se desalienta la reflexión crítica y se limita la capacidad de las personas para comprender el complejo mundo en el que viven. Asimismo, requerimos una reforma curricular orientada a formar capacidades para aprender permanentemente a lo largo de la vida. La velocidad de los cambios tecnológicos, ambientales, económicos y culturales vuelve obsoleto cualquier modelo educativo basado exclusivamente en la transmisión de contenidos.

La transformación tecnológica representa otro eje ineludible. La incorporación de computadoras, conectividad universal y herramientas digitales avanzadas constituye una condición necesaria para la igualdad educativa. El país necesita docentes capacitados y ecosistemas escolares capaces de integrar la tecnología como herramienta de aprendizaje, investigación y creación colectiva.

Todo ello exige abandonar la lógica sexenal en la que cada administración modifica planes, cambia prioridades y redefine narrativas, mientras millones de estudiantes quedan atrapados en procesos permanentes de transición e incertidumbre.

Es tiempo de abrir una discusión más profunda sobre el lugar que ocupa la educación en el proyecto nacional. Invertir más en educación permitiría transformar trayectorias de vida, fortalecer la cohesión social, reducir violencias y ampliar las posibilidades democráticas del país.

Porque es un hecho que ninguna estrategia de desarrollo será incluyente mientras la educación pública continúe administrándose desde la lógica de la insuficiencia y la improvisación.

Investigador del PUED-UNAM