Columnas
Ser mexicanos adquirió un sentido de relevancia, el reciente 20 de enero ya ha marcado un punto de inflexión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Con la tan esperada toma de protesta del presidente Donald Trump, se establecieron nuevas reglas de alto impacto que van desde la política migratoria de "cero tolerancias" hasta la búsqueda anticipada de renegociar el T-MEC.
Más allá de los titulares sensacionalistas, este evento tiene implicaciones para los mexicanos tanto en lo económico como en lo social, así como para la comunidad migrante que reside en nuestro país, lo que trastocará la relación entre ambos países.
Si bien este suceso marcará un antes y un después en la relación bilateral con nuestro país, también es relevante establecer la nueva configuración del gobierno mexicano, que ha respondido a los recientes acontecimientos de forma contundente, afirmando que el trato debe ser entre iguales y que, en ningún momento, habrá subordinación, pero siempre existirá diálogo y coordinación.
La presidenta ha solicitado mantener la cabeza fría, lo cual permitirá evaluar las situaciones de forma clara, ya que no solo existe la amenaza de deportar a connacionales, sino también el hecho de que, para muchos migrantes, quedarse a vivir en el país será la opción viable para acceder a una mejor calidad de vida, lo que representa un reto en materia económica, de infraestructura y generación de empleos. Esto tendrá que incidir de forma directa en las políticas de Estado, ya que; aunque se tienen varios elementos para tratar todo lo relacionado con la migración irregular, que van desde la integración hasta la reintegración de las personas a sus lugares de origen; éstas no estarán dispuestas a hacerlo hasta que las condiciones que los expulsaron no cambien.
México ha dejado de ser un país de paso para muchos migrantes para convertirse en un país destino, por lo que se deben prever las consecuencias que esto trae consigo, las cuales van desde la explotación laboral, la exclusión social, la discriminación e incluso un aumento en los delitos, lo que se suma a los problemas ya existentes de orden nacional.
Se debe ser realista: los programas del gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, por nombrar algunos, no han sido lo suficientemente efectivos, ni lo serán si los países a los que se apoya no ponen de su parte para detener la migración de su población. Veamos la realidad: la migración no ha disminuido, y cada vez hay un mayor número de migrantes residiendo de forma ilegal dentro del territorio nacional, lo que, de forma inicial, presenta problemas. De entrada, se requiere un mayor gasto en albergues o casas de migrantes a lo largo del país, o al menos en los 22 estados con mayor presencia, y, aunado a ésto, los servicios básicos de salud para, al menos, las 712,226 personas que reportó en el primer semestre de 2024 la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), cifra que ha ido aumentando, ya que la migración irregular es dinámica y ha crecido conforme se agravan los problemas en Venezuela, Nicaragua y otros países de Centroamérica.
Es imperante que los ciudadanos, organizaciones y autoridades trabajen juntos para enfrentar los retos no solo de la migración, sino de forma integral en un contexto global y cambiante. Las nuevas políticas proteccionistas que impondrá Trump con la finalidad de regresar a la grandeza hegemónica que tuvo alguna vez Estados Unidos, no son solo un desafío para el gobierno; son un desafío para toda la sociedad.
Es el momento en que la razón debe imperar, sí, a través del diálogo, la cooperación y un compromiso real que favorezca un desarrollo integral y aborde de manera efectiva la nueva relación bilateral.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC