Ordena liberar a ocho militares del caso Ayotzinapa; CentroProdh dice que detrás está la Sedena litigando

Claudia Bolaños

Una jueza federal ordenó liberar a los ocho militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, derivado de la investigación del caso Ayotzinapa.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, echó abajo la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado.

Ante ello el Centro Prodh, al cual el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa por apoyar la liberación de los inculpados, criticó la resolución judicial.

“Con criterio parcial y sesgado, juzgado federal concede cambio de medida cautelar a 8 militares acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.

Y añadió que la “Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados en caso0 Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos. Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar,sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”.

El personal castrense está sujetado a proceso penal por sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los soldados podrán abandonar el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, una vez que cubran una garantía de 100 mil pesos.

La juzgadora ordenó que también acudan a firmar los 1 y 16 de cada mes al citado juzgado en el Estado de México.

La resolución fue dictada a favor de Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

En febrero de este año, la juzgadora les dictó auto de formal prisión por el probable delito de de delincuencia organizada.

La nueva causa penal integrada contra el personal castrense se basa en los testimonios de los testigos protegidos ‘Carla’ y ‘Neto’, delincuentes confesos que participaron en diversos delitos, entre ellos, la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, y quienes aseguraron que los soldados probablemente recibían pagos por brindar protección a los integrantes del grupo criminal.

Ante esta situación, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, exigieron desde aquella fecha la libertad de sus defendidos y aseguraron que este asunto no es más que una “persecución política”.

“Estos testigos ‘Carla’ y ‘Neto’ fueron evidenciados por mentirosos y manipuladores. Por ejemplo, el testigo ‘Carla’ aportó en su momento mensajes de WhastApp para involucrar en su momento a elementos del Ejército mexicano.

“El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no era posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existía confiabilidad en las imágenes y no podía considerarse prueba digital en la judicialización del caso, porque a todas luces se podría tratar de pruebas inconsistentes y carentes de veracidad”, dijo Alejandro Robledo en conferencia de prensa.

Recordó que el propio ex subsecretario Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa reconoció que los chats de WhatsApp no podían verificarse como reales.

“Ahora, estos testigos señalan que por temor y miedo no habían declarado, lo cual es absolutamente falso, ya que habían rendido la declaración en diversas ocasiones, incluso pidiendo perdón a Dios por los delitos que habían cometido. Y ahora resulta que nueve años después recuerdan hechos y circunstancias y detalles para imputar al personal militar”, declaró.

Cabe selar que, el 24 de enero de este año, los soldados abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, luego de que la jueza modificó la medida cautelar que les fue impuesta en la causa penal por desaparición forzada y les otorgó la libertad provisional.

La salida ocurrió tras cubrir el pago de una garantía de 50 mil pesos que les impuso.

Asimismo, se ordenó a los elementos castrenses presentarse a firmar los días 1 y 16 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares.

También se les prohibió salir del país, acercarse al estado de Guerrero o comunicarse con víctimas o testigos protegidos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su molestia por la decisión adoptada por la juzgadora, y encomendó ver el asunto con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.