En los últimos días, el debate sobre los cupos del PACIC de proteína animal ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública. Y como suele ocurrir cuando hay intereses económicos en juego, no han faltado los mensajes que buscan instalar una narrativa de escasez, volatilidad y riesgo para el mercado. Por eso, vale la pena poner las cosas en su justa dimensión.
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es un mecanismo de política pública diseñado para amortiguar la inflación de alimentos básicos en México. Su función principal es autorizar importaciones temporales sin arancel, con el objetivo de aumentar la oferta interna cuando los precios se desalinean de los costos reales.
Los cupos PACIC no nacieron de una ocurrencia ni de una negociación sectorial. Surgieron en el momento más crítico de la inflación global, cuando la pandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los granos y la energía amenazaban con disparar los precios de los alimentos. Su razón de ser fue simple y legítima: evitar que la inflación alimentaria golpeara el bolsillo de las familias y desestabilizara el mercado interno.
Por eso el PACIC fue concebido como una válvula de seguridad, nunca como un mecanismo para sustituir a la producción nacional ni para abrir la puerta a una competencia estructuralmente desigual.
Ese punto ciego es el que hoy resulta crucial. Limitar a 51 mil toneladas los cupos de importación de carne de cerdo provenientes de países sin tratado comercial, particularmente Brasil, no es una postura ideológica ni política, es una decisión técnica. Brasil opera con escalas, subsidios y costos que ningún productor mexicano puede igualar. Abrirle el mercado sin restricciones no reduce el precio al consumidor; reduce el costo del intermediario y traslada la presión al productor nacional.
México produce alrededor 1.8 millones de toneladas de carne de cerdo al año, lo que lo coloca entre los principales productores de esta proteína en el mundo y muestra la importancia de la porcicultura como sector económico y alimentario en el país.
Por lo tanto, no corremos el riesgo de presentar un problema de abasto. Tenemos capacidad productiva, un sector fuerte y aliados comerciales que satisfacen el resto del mercado interno. Lo que sí existe es una presión constante para ampliar cupos que benefician a quienes compran barato en el exterior y venden caro en el mercado interno, sin asumir riesgos productivos ni generar valor.
La política pública no puede diseñarse para maximizar la ganancia de la intermediación. Debe alinearse con la política productiva, con la soberanía alimentaria y con la estabilidad del mercado, que son los pilares del Plan México y del Plan México para la Porcicultura propuesto por la Organización de Porcicultores Mexicanos (OPORMEX). Por tanto, los cupos PACIC funcionan cuando amortiguan la inflación y dejan de funcionar cuando se convierten en un atajo para desplazar producción nacional.
En ese sentido, es justo reconocer el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quienes han optado por una ruta de equilibrio; proteger al consumidor sin sacrificar al productor, y fortalecer al campo sin cerrar la economía. Esa es la diferencia entre gobernar con datos o ceder al ruido.
México no necesita alarmismo, divisiones ni campañas de desconfianza. Necesita que todos los eslabones de la cadena porcícola comprendan que la estabilidad del mercado es un bien público.
Integrarse a una visión de largo plazo no debilita los negocios: los hace sostenibles. Y esa, al final, es la base del bienestar de México. El camino está trazado, hay que sumarse.