PGD debe incluir consulta a pueblos y barrios originarios

Columnas martes 12 de mayo de 2026 -

La Ciudad de México es, sin duda, una de las ciudades más complejas, diversas y dinámicas del mundo. Aquí convergen culturas, historias, identidades y formas de vida que le dan riqueza a nuestra capital, pero también nos imponen una enorme responsabilidad: no dejar a nadie fuera de las decisiones que determinan su futuro.

Durante décadas, el crecimiento de nuestra ciudad ocurrió sin orden, sin planeación y, sobre todo, sin escuchar a quienes habitan los territorios.

Esto provocó desigualdades profundas, asentamientos irregulares, falta de servicios básicos y, en muchos casos, el rompimiento del tejido social.

Hoy sabemos que el desarrollo no puede seguir construyéndose desde el escritorio.

El desarrollo debe construirse con la gente, desde el territorio y con pleno respeto a su identidad.

Por eso, la iniciativa que presente busca garantizar que los pueblos y barrios originarios, así como las comunidades indígenas residentes, sean parte activa y obligatoria en la planeación del desarrollo de nuestra ciudad.

Un derecho reconocido en el artículo 2º de la Constitución Federal, que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada cuando cualquier medida pueda afectar su vida o su entorno.

Sin embargo, en la práctica, ese derecho no siempre se cumple.

Muchas decisiones sobre obras, infraestructura o desarrollo urbano se toman sin consultar a las comunidades que directamente serán impactadas.

¿El resultado?

Conflictos sociales, desconfianza en las autoridades, desplazamiento de comunidades y pérdida de patrimonio cultural.

Por eso, propongo dos cosas fundamentales en esta iniciativa:

Primero, fortalecer el principio de participación en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, para que no solo se escuche a la ciudadanía en general, sino que se garantice la participación efectiva de pueblos y comunidades, incorporando su cosmovisión, sus tradiciones y sus necesidades en los instrumentos de planeación.

Segundo, establecer con claridad que las autoridades de la Ciudad de México y las alcaldías tienen la obligación de:

Garantizar la participación efectiva de estas comunidades;

Considerar sus propuestas en los planes y presupuestos públicos;

Y, sobre todo, realizar procesos de consulta previa cuando cualquier decisión pueda afectarles directamente.

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la consulta no es opcional; es un requisito de validez.

Si no se consulta, las decisiones pueden ser impugnadas y, eventualmente, invalidadas.

Pero más allá de lo jurídico, hay un tema de justicia. Los pueblos y barrios originarios han sido históricamente parte fundamental de la construcción de esta ciudad.

Han preservado tradiciones, lenguas, formas de organización y conocimientos que hoy siguen vivos; no obstante, muchas veces han sido excluidos de las decisiones que afectan directamente sus territorios.

Esta iniciativa busca corregir esa deuda histórica. Busca que el desarrollo de la ciudad no signifique borrar identidades, sino integrarlas.

Que no signifique desplazar comunidades, sino escucharlas y fortalecerlas.

Porque una ciudad verdaderamente democrática no se mide solo por sus elecciones, sino por la forma en que toma decisiones todos los días.

Y en una ciudad democrática, nadie debe quedarse fuera.

Hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México va a seguir creciendo, eso es inevitable.

Si crece con inclusión o con exclusión, con diálogo o con imposición.