Paranoia de la clase política

La clase política mexicana es paranoide. Lo vemos en lo que hace, en cómo lo hace, en los temas que le interesan y en el contenido de su retórica. Pero también se nota en las leyes que aprueban y que tienen que ver con su regulación directa; específicamente la legislación electoral y el marco normativo de combate a la corrupción. La primera establece las reglas del juego para que unos lleguen al poder y otros lo acepten —la clase política abarca todos los partidos, por si no había quedado claro—.

El segundo marca los límites de lo que pueden o no pueden hacer con el poder cuando lo tienen. El problema es que casi todos ya han gobernado y se conocen unos a otros como gobierno, como perseguidos, como mayoría, como oposición, etcétera. Por ende, se han aprendido mutuamente estrategias, modelos, mañas y venganzas. Cada gobierno pretende tener su propia reforma electoral, incorporando cosas que abominaba cuando era oposición, y viceversa. Por eso siempre se pelea, se hace mal, se parchea, se entierra o se rescata, según lo que convenga a los actores. La paranoia viene precisamente de eso: de que todos saben de lo que el otro es capaz, porque todos lo han hecho. Por eso, desde la oposición, siempre se busca reducir el margen de maniobra del gobierno para permanecer en campaña; y desde el gobierno, se busca reducir el poder de las minorías para exigirle cualquier cosa.

El problema es que la política real es compatible con la rendición de cuentas, pero no con la desconfianza absoluta de todos hacia todos en todo momento; y es compatible con el derecho, pero no con una regulación absoluta que pretenda subsumir la política a la mera aplicación de normas jurídicas. Mientras el derecho moderno busca regular generalidades, la política lidia con lo particular: cuando una situación se politiza, para quien la negocia se vuelve única, aunque la ley sea clara.

La política eficaz, además, debe responder al entorno material real, no al hipotético que imaginan las leyes. Por eso, mientras más se limite el financiamiento formal a los partidos políticos, más buscarán y utilizarán dinero informal, tanto público como privado. Por la misma razón son ineficaces las reducciones en los tiempos de campaña, pues basta con convertir los mítines en "asambleas informativas" y los discursos de autoelogio en "rendición de cuentas proactiva". Porque ningún partido, ningún político, va a formarse en una fila de taquería en la que todos los demás se están colando. Si lo hace, asume que no le tocaría nada. Tristemente, tiene razón.

Conviene hacer aquí un último apunte: los mecanismos para ganar una elección en el siglo XXI tienen todo que ver con la construcción de branding y el posicionamiento de producto, y casi nada que ver con capacidades reales o coherencia ideológica alguna. El logo de un partido y el nombre de un candidato o candidata compiten por atención lo mismo con memes de Netflix que con canciones en Spotify. Eso implica que, para ser conocidos —primer paso antes de ser aceptados—, hay que saturar todos los medios publicitarios disponibles durante el mayor tiempo posible. De hecho, cuando comienza "formalmente" la campaña, quienes van a votar ya saben por quién lo harán, porque votan por la marca —del partido o de la persona, según el caso—. Es un impulso inmisericorde que nos obliga, queramos o no, a saber quién es fulano, a qué partido pertenece y, si no sus propuestas, al menos sus antipatías. Hacer eso de manera eficaz cuesta mucho dinero. Y para la clase política, lo único que cambia es de dónde lo sacan. Por eso, aguas ahí.