Las cuotas de género es un concepto fundamental que se estableció para consolidar la vida democrática de nuestro país, ya que buscan el equilibrio en los espacios de poder y toma de decisiones entre hombres y mujeres, es decir lograr la paridad política entre los géneros.
Los logros en esta materia se tuvieron sus primeros avances en 1996 cuando se fijó un límite de 70% de legisladores un mismo género y en 2007 se estableció que las candidaturas para integrar el poder legislativo debían de integrarse, cuando menos, de un 40% por personas de un mismo sexo.
Tuvieron otro punto definitorio en el proceso electoral federal 2011-2012, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputadas/os y senadoras/es respectivamente.
Así en 2018, la integración de la Legislatura LXIV, se ha definido por ser la más paritaria de la historia, ya que en su origen se conformó por 50.8% de hombres y 49.2% de mujeres, mientras que el Senado de la República se conforma por 51% de mujeres y 49% de hombres.
El cumplimiento de las cuotas de género, ha sido posible gracias a las medidas en materia de paridad de género implementadas por el Instituto Nacional Electoral, que han permitido reducir considerablemente la brecha de género e ir avanzando en la implementación de acciones a favor de la igualdad, la eliminación de estereotipos y el mejoramiento de las condiciones de vida para las mujeres.
Entre las medidas que adoptó el INE, está lo que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), se establece a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de representación popular, y en los que se determina que es obligación de los partidos políticos promover la paridad de género en candidaturas, destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto está facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género.
Otra medida, fue la decisión que el día de ayer el el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que aprobó el acuerdo con base en el cual se ordena a los partidos políticos nacionales establecer a más tardar el 31 de octubre “reglas claras” que garanticen paridad en la postulación de sus candidaturas del 2023 y posteriores.
Esta resolución implica, de manera inmediata que los partidos políticos, rumbo a los comicios electorales de Coahuila y el Estado de México, deberán pensar en mujeres. Esto en el caso de Coahuila no se vislumbra que sea posible, sin embargo en el Estado de México, Morena y los partidos de oposición tienen candidatas, lo que, desde este momento, pone en el mapa político que los mexiquenses el próximo año, tengan por primera vez a una mujer al frente del gobierno estatal.
Aunque este acuerdo, tendrá que ser ratificado en los próximos días, la historia reciente de nuestro país y la progresividad existente en la materia, nos permite asegurar que México pronto tendrá a su décima gobernadora.
Mtra. Rosalía Zeferino Salgado
Asesora en Comunicación Estratégica
E Imagen Pública