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Pena de muerte: retroceso del sistema social

Pena de muerte: retroceso del sistema social

Columnas jueves 27 de febrero de 2020 - 01:38

Nuestro país atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad que sacude diariamente la conciencia de una sociedad que, superada por las dimensiones del problema, mira con desconcierto la existencia de posibles soluciones.
En ese sentido, una de las principales preocupaciones es sin duda la desigualdad y la violencia de género que enfrentan las mujeres. De esta manera, las situaciones de subordinación, marginalidad y riesgo, constituyen un problema que no se limita a fronteras culturales, edades, o condiciones económicas, sino que permea el espectro de todos lo sectores sociales.
Es indudable que, en los últimos años la violencia se ha disparado y el aumento se ha vuelto incontrolable, como consecuencia, los acontecimientos se han visibilizado y las cifras son cada vez más alarmantes.
En días pasados se presentó una iniciativa por parte del Partido Verde Ecologista de México para incorporar la pena de muerte contra las personas que cometan delitos como feminicidio, asesinatos de menores de edad y actos de pederastia.
Esto plantea un debate que se presenta ante la ineficiencia de un sistema de justicia y sobre un escenario en el que los presuntos responsables quedan en libertad ante la falta de elementos probatorios o bien porque lo indicios resultan insuficientes para formular una acusación, generándose una atmósfera de impunidad en la que los ciudadanos vuelcan sus esperanzas en un modo de justicia más rigurosa, que quizás sin ser la mejor, se presenta como una alternativa que puede cubrir la exigencia de respeto por la vida de las personas.
Sin embargo, éste no es el camino para reducir los índices de criminalidad, ya que, la pena de muerte muestra una intolerancia y una imposible reparación del daño, vulnerando además la progresividad en materia de derechos humanos conforme al artículo 22 constitucional que establece su prohibición, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a la abolición de la pena de muerte y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El tema del endurecimiento de las penas sigue siendo muy controvertido, pues se ha demostrado que los países que mantienen esta pena en su legislación, no han disminuido la incidencia delictiva, pero además la sociedad no siente mayor seguridad, los esfuerzos deben enfocarse entonces a buscar persuadir y prevenir la no repetición del delito.
La pena de muerte resulta un retroceso en nuestro sistema social, pues volveríamos a situarnos en la época en donde considerar que quitarle la vida a quienes cometieron un delito, o retribuir sus acciones con un castigo semejante, eran la mejor alternativa.
Lo anterior, además de atentar contra un numeroso conjunto de bienes jurídicos, en donde la vida se erige como el más preciado, significa también, arremeter contra el resto de personas que hemos conformado nuestra sociedad sobre valores universales que conforman los derechos humanos.

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/CR

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