Claudia Bolaños
La organización México y el Mundo Vapeando advirtieron que la prohibición constitucional de los vapeadores y dispositivos similares, vigente desde enero de este año, ha provocado el crecimiento de un mercado negro controlado por bandas criminales, las cuales se han beneficiado del contrabando de estos productos desde Estados Unidos y otros puntos fronterizos.
De acuerdo con su presidente, Juan José Cirión Lee, la reforma publicada el 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación, que prohíbe toda actividad relacionada con los cigarros electrónicos en México, entregó la oferta del producto a organizaciones delictivas. Aseguró que zonas como Tepito, en la Ciudad de México, y el mercado de San Juan en Guadalajara se han convertido en centros clave de distribución de vaporizadores introducidos sin control sanitario ni fiscal.
Cirión Lee señaló que lejos de disminuir su uso, la demanda de vapeadores ha crecido debido a la facilidad con la que menores de edad pueden adquirirlos a través de redes ilegales. “Cuando existen vacíos en las políticas, como ocurre en México, los cárteles o el crimen organizado llenan el vacío; el gobierno provocó un mercado negro que no debería de existir”, afirmó.
Indicó que el contrabando de estos dispositivos ocurre tanto en puertos como Lázaro Cárdenas y Manzanillo, como en las fronteras con Guatemala, Belice y especialmente con Estados Unidos, donde la venta es legal.
Este fenómeno, sostuvo, fue abordado incluso en la más reciente Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), realizada en La Haya en junio, donde se analizó el impacto internacional del crimen organizado mexicano y su papel en la distribución ilegal de productos como los vapeadores.
Cirión Lee, abogado y activista, recordó que organismos internacionales como el Royal College of Physicians del Reino Unido han señalado que los vapeadores son 95% menos dañinos que el tabaco convencional, y son utilizados por millones de personas para dejar de fumar.
Por ello, pidió a los diputados federales que en la próxima discusión de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional, se establezca un marco regulatorio para permitir su fabricación, importación y venta bajo lineamientos claros y controlados.
“Prohibir un producto no elimina su consumo. La historia lo ha demostrado con otros casos, como el de vinos y licores. La solución está en regular, no en prohibir”, subrayó.
Agregó que países como Chile, Colombia y Perú ya avanzan en la regulación de estos productos, siguiendo el ejemplo de naciones europeas como Francia, donde los vapeadores forman parte de las políticas públicas de salud para combatir el tabaquismo.
“Apelamos a la sensibilidad de los legisladores para encontrar una solución efectiva y responsable”, concluyó.