Piden no dar prisión preventiva oficiosa a quien cometa robo a casa habitación y transporte de carga

Con la finalidad de detener la criminalización de la pobreza, la senadora de MC, Patricia Mercado, propuso retirar el robo a casa habitación y al transporte público del catálogo de las conductas que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Explicó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocho de cada 10 personas en reclusión laboraban en empleos de bajos ingresos, por lo que no tienen dinero para pagar un abogado.

Además, muchos de ellos tienen dependientes económicos, por lo que al entrar a prisión, aumenta todavía más la pobreza familiar.

“Lo que proponemos es que en lugar de prisión preventiva oficiosa el juez recurra a alguna de las 14 medidas cautelares previstas por la ley, como presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario o localizador electrónico, entre otras”, explicó.

“La respuesta a la alta incidencia de delitos patrimoniales debe enfocarse en la prevención y en medidas que busquen reparar el daño, sin profundizar los círculos de reproducción de la pobreza”, dijo.

Paola Zavala, presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), quien impulsa la iniciativa, dijo que al tener en prisión a personas acusadas de robo se les priva de la posibilidad de trabajar y de tener acceso a los procesos de justicia restaurativa teniendo como consecuencia el empobrecimiento de su familia y la estigmatización.

“Puede sonar muy fuerte decir que no queremos prisión preventiva para las personas que cometen robo en este país y queremos dejar claro por qué: porque no reparan el daño y porque no se previene el delito, pero sobre todo porque hay otras medidas cautelares en la ley que se pueden seguir”, expresó.

“Creemos que la prisión preventiva oficiosa en los casos de robo genera sobrepoblación las cárceles, criminaliza la pobreza, no previene la reincidencia, no prioriza la reparación del daño, y nuestra apuesta es despresurizar las cárceles para que las personas tengan acceso a otro tipo de procesos en los que podamos evitar la reincidencia”, subrayó.

Abundó que el costo de tener a una persona en prisión es de 60 mil 765 pesos mensuales, mientras que el brazalete tiene un costo de 9 mil 908 pesos, monto que las personas en situación de pobreza no pueden pagar.

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