Política pública y seguridad (2da parte)

Quienes conocemos la complejidad de tomar decisiones en seguridad pública, antes que criticar, debemos proponer. Ha sido mi postura desde que dejé el servicio público. Sé también que una mejor práctica es escuchar y analizar propuestas de interesados en aportar soluciones en la materia, como hizo William Bratton en Nueva York o Antanas Mockus en Bogotá, por mencionar algunas experiencias exitosas.

Es un error etiquetar a los que hemos servido a la causa de la seguridad en el pasado como integrantes de “proyectos políticos” y no como personas que por convicción decidimos trabajar en construir un México en paz. Politizar la seguridad es válido, en tanto que “la política” es elemento de la buena “política pública”. Lo incorrecto es usarla para polarizar, cuando en torno a ella debemos sumar. La seguridad no se debe “partidizar” ni usar con tintes ideológicos, sino técnicos y profesionales.

En ese orden de ideas, dediqué mi pasado texto a esgrimir razones por las cuales considero falló la propuesta del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Quienes en ello percibieron argumentos para desestimar el esfuerzo de las instancias civiles de seguridad, se equivocan.

No miente el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja al señalar que los teléfonos de prepago son empleados por la delincuencia organizada y convencional para el cumplimiento de sus fines. Es loable tratar de inhibir la comisión de delitos a través del uso de teléfonos de prepago, sin duda. También le asiste razón al titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada, Ignacio Hernández Orduña, abogado de probada solvencia técnica, en el sentido de que las acciones legales tomadas por algunos sectores fueron anticipadas y no esperaron las bases operativas para la puesta en marcha del Padrón.

No se confunda la propuesta de mejorar la forma de elaborar e implementar políticas públicas, con crítica irracional a los esfuerzos en curso. Sigo creyendo que una iniciativa de tal envergadura debió contar con acuerdos previos y, sobre todo, de mayor comunicación para difundir sus bondades y dar margen para los ajustes correspondientes.

Tanto en la SSPC como en la Guardia Nacional existen hombres y mujeres con vasta experiencia en el combate al crimen, pero impulsar política pública en seguridad implica también el compromiso de otras dependencias e instancias civiles para analizar y mejorar la propuesta, hacerla más empática y adaptarla para que sea respaldada.

Más que nunca debemos apoyar los esfuerzos de la instancia civil de seguridad más importante del país. He propuesto en distintos espacios se respalde con presupuesto y mayor apoyo político el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, reconocer el buen trabajo cotidiano y no solo apuntar los yerros, que son menos que los aciertos, y continuar con la dignificación de la función policial. Junto con Renato Sales Heredia, hemos pugnado por reformar el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución, que criminaliza a los pilares del sistema de seguridad y procuración de justicia.

La batalla no debiera ser contra las telefónicas o quienes piensan distinto, mucho menos contra los que creemos en la propuesta como forma de sumar al esfuerzo gubernamental, sino contra la delincuencia que afecta a la ciudadanía. A mayor crítica y denostación al trabajo de las instituciones de seguridad, mayor ganancia para la delincuencia. Por eso es imperioso replantear la forma de construir política pública.

Sana distancia entre ideología y seguridad ciudadana, ayudaría a cumplir metas. Es condición sine qua non anteponer el interés superior y dejarlo de manifiesto, sin margen de duda, al proponer la política pública.

El apoyo sería absoluto.