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Presentan iniciativa para frenar tráfico de armas
Nación
Óscar Reyes Flores
La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el estado de Tamaulipas, Lupita Covarrubias Cervantes, presentó una iniciativa para frenar el tráfico de armas ilegal y brindar herramientas de combate contra el crimen organizado.
“El tráfico de armas genera contextos de inseguridad, alimenta los conflictos, daña irreparablemente el tejido social… No podemos permitir que la cultura de violencia impere en México”, afirmó la senadora.
Apuntó que esta iniciativa no solo propone catalogar como delito grave la posesión de armas prohibidas; también busca inhabilitar a los servidores públicos que tomen estas conductas, quienes serán destituidos de su cargo.
“Esta iniciativa aportará significativamente al combate y desmantelación de estas redes criminales y se constituirá como un mecanismo sustancial de combate al tráfico de armas”, sostuvo.
La senadora mencionó que el tráfico de armas se ha incrementado durante los últimos años en México, debido al fácil acceso a la posesión ilegal, lo que ha causado un daño social, no solo para el país, sino también para Tamaulipas, siendo el estado número uno de armas de fuego confiscadas y con mayores beneficios en ingresos por el crimen organizado.
“La delincuencia organizada vinculada a los altísimos niveles de corrupción que se generaron durante los sexenios neoliberales llevó a la necesidad de brindar herramientas y facilitar acciones en México”, sostuvo.
Detalló que se busca eliminar el comercio en el mercado negro y garantizar seguridad y certeza jurídica.
Demanda civil contra fabricantes de armas
La senadora Covarrubias Cervantes recordó que, en agosto de 2021, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, interpuso una demanda en contra de 11 empresas productoras y distribuidoras de armas de Estados Unidos, bajo el argumento de que promueven prácticas comerciales "negligentes e ilícitas”.
En ese sentido, aseveró que en la frontera de México con Estados Unidos se ha convertido en un foco rojo en el tráfico de armas; puesto que más de 3.9 millones de crímenes al año son cometidos con un arma fabricada en el país vecino.
“Es necesario adecuar el marco jurídico a efecto de coadyuvar a prevenir y combatir las prácticas ilegales en este mercado”, aseveró.
Precisó que esta iniciativa plantea una mayor responsabilidad para los servidores públicos que incurran en este delito, lo que conlleva consecuencias jurídicas para los funcionarios que abusen de su poder y posición para cometer estos actos. “… que nadie quede impune”.
Foto: Cuartoscuro
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OR/CR
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