Prevenir la enfermedad y la muerte evitable es una deuda impostergable

Columnas miércoles 02 de julio de 2025 -

En México, los indicadores de enfermedad y muerte evitables siguen fuera de toda proporción. Cada año, la diabetes mellitus tipo II, la hipertensión arterial y la obesidad se combinan para provocar casi una tercera parte de las defunciones del país. Más grave aún: se trata de enfermedades en gran medida prevenibles, cuyo peso epidemiológico es, en sí mismo, un reflejo de la desigualdad estructural, del abandono institucional de la prevención, y de la precariedad con que viven millones de personas.

El paradigma de salud pública vigente y de la política social en general debe cambiar con urgencia: prevenir la muerte y la enfermedad evitables debe ser uno de los ejes vertebradores en el diseño y la operación de todo el gobierno. Sin embargo, esa visión aún está ausente del entramado institucional y normativo mexicano. A pesar de los discursos oficiales, lo cierto es que las estrategias se concentran en acciones aisladas, insuficientes y desarticuladas de otros sectores que son clave para una prevención efectiva.

Por ejemplo: combatir la obesidad y la diabetes requiere, además de personal médico suficiente y consultorios bien equipados, garantizar entornos que favorezcan estilos de vida saludables. Y eso se logra con políticas públicas que mejoren las condiciones estructurales de vida: acceso a vialidades seguras para caminar o andar en bicicleta, parques y jardines públicos bien cuidados, unidades deportivas accesibles, gratuitas, bien equipadas y con vigilancia.

El problema se agudiza en contextos urbanos hostiles. En muchas ciudades mexicanas, salir a correr o a caminar se convierte en una actividad peligrosa: la inseguridad, la falta de iluminación, la ausencia de banquetas o la privatización del espacio público son barreras reales que impiden la activación física cotidiana. A ello se suma una estructura laboral profundamente desigual: jornadas extensas, trabajos mal remunerados, empleos sin prestaciones ni derechos. Millones de personas simplemente no tienen el tiempo ni la energía para ejercitarse, ni los ingresos para acceder a una alimentación nutritiva y saludable, como lo establece la Constitución. En esas condiciones, culpar a las personas por su estado de salud es profundamente injusto.

El enfoque biomédico, centrado en la enfermedad como fenómeno individual, ha mostrado sus límites. Es indispensable pasar a un enfoque integral, social y de derechos humanos. Prevenir enfermedades como la diabetes tipo II es una tarea que implica política social, urbanismo, movilidad, educación, trabajo digno y alimentación saludable. Por eso, la salud debe asumirse como un bien público y como una responsabilidad compartida, con el Estado como garante de los derechos sociales y económicos en su conjunto.

La prevención sigue siendo un eslogan más que una estrategia operativa; y la salud pública continúa tratándose como un tema sectorial, en lugar de ser el centro de un nuevo pacto social basado en la justicia y la dignidad humanas. Abatir las cifras de obesidad, diabetes e hipertensión es posible, pero solo si se deja de entender la salud como un problema médico, para verla como un reflejo de la estructura social.