Protocolo de Madrid prohibía llevar a ancianos de asilos a hospitales

Una nueva polémica política surgió en España por un protocolo del gobierno de la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), en el que se desaconsejaba –como parte de su estrategia para enfrentar la pandemia– derivar a los ancianos con síntomas de coronavirus, de las residencias a los hospitales.

En toda España, de los 27 mil 133 fallecidos por covid-19, 19 mil 404 eran adultos mayores, es decir, 71% del total. De éstos, más de 6 mil se registran en la Comunidad de Madrid, la región que concentra más casos.

“La señora (Isabel Díaz) Ayuso hizo probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas”, al ordenar que los ancianos con síntomas no fueran derivados a los hospitales, acusó el vicepresidente del gobierno central, Pablo Iglesias, en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el pasado 4 de junio.

Iglesias leyó los oficios y comunicaciones en las que el consejero de Servicios Sociales del gobierno madrileño, Alberto Reyero (del partido Ciudadanos), dejaba en evidencia la falta de atención a los ancianos de los geriátricos.

Y el pasado lunes, en la sesión del pleno del parlamento autonómico, Reyero señaló que “no es ético y posiblemente no sea legal dejar sin atención médica a los ancianos de las residencias”. Sostuvo que pidió ayuda cuando en el país se registraban 6 mil muertes y que el gobierno de Ayuso no hizo caso.

“Somos invisibles para todos los Ministerios”, aseguró ayer Diego Juez, presidente de la patronal de residencias de ancianos castellanoleonesas Acalerte y secretario de la española CEAPs, quien lamenta que el Gobierno haya echo oídos sordos a las propuestas del sector desde mucho antes de la pandemia de coronavirus pese a que España sea uno de los países europeos que menos invierte en las residencias, cerca de una cuarta parte que la media de la UE.

Las residencias de ancianos se sintieron abandonadas durante la pandemia, sin el personal suficiente, sin equipos de protección individual (EPI) y, en demasiados casos, sin posibilidad de llevar a los usuarios enfermos a un hospital. Murieron en las propias residencias. Sin embargo, este abandono empezó mucho antes de la aparición del Covid-19.

Diego Juez subraya que el Estado nunca ha cumplido con lo que establece la ley de dependencia por lo que respecta a la financiación. Gobierno y comunidades autónomas deberían cubrir las ayudas a partes iguales. Recuerda que la Unión Europea dedica en promedio dos por ciento del PIB a ese sector mientras que en España tan sólo alcanza el 0.56 por ciento, por lo que el esfuerzo en la Unión es casi seis veces superior.