Los líderes eclesiásticos del Perú, congregados en la Conferencia Episcopal Peruana, manifestaron su desacuerdo este lunes respecto a la resolución de un comité médico que autorizó un aborto terapéutico para una niña de 11 años, quien quedó embarazada como resultado de la violación perpetrada por su padrastro.
Los obispos calificaron esta decisión como un acto de "injusticia" y una "violación del derecho a la vida". En su pronunciamiento, los representantes religiosos solicitaron que la menor no sea sometida al procedimiento de aborto y exigieron que se emprenda acciones legales contra el agresor.
En un comunicado emitido, la Iglesia indicó que la primera junta médica en la región amazónica de Loreto, donde reside la niña identificada bajo el seudónimo de "Mila", determinó que las condiciones necesarias para la realización de un aborto terapéutico no estaban presentes, incluyendo la falta de un "peligro de muerte" o de un "daño permanente" para la gestante.
No obstante, una segunda junta médica en Lima, a donde fue trasladada la menor, finalmente autorizó el aborto el pasado sábado.
Los obispos expresaron su rechazo a este "acto de injusticia y vulneración del derecho a la vida del nasciturus" (el que está por nacer), argumentando que se ha condenado a muerte a un ser inocente y se ha permitido la liberación del culpable, lo que, según ellos, no puede ser justificado ni siquiera en pos de supuesto bienestar.
Además, los líderes religiosos cuestionaron la inclusión de la presunta afectación de la salud mental de la gestante como una causal válida para el aborto, sosteniendo que no es adecuado justificar un mal (el aborto) en función de obtener un supuesto bien (el bienestar de otra persona).
En ese contexto, los obispos hicieron un llamado a las autoridades y al personal de salud para que el Perú no abra las puertas a una "cultura de la muerte". Además, expresaron su deseo de que "Mila" sea protegida adecuadamente, reciba ayuda para sanar las heridas de la violación, no se someta al aborto y se persiga con todo el peso de la ley al violador, buscando prevenir futuros abusos.
El presunto agresor de "Mila", Lucas Pezo Amaringo, actualmente se encuentra en libertad bajo régimen de comparecencia restringida, después de que el Poder Judicial rechazara la solicitud de la Fiscalía argumentando falta de pruebas suficientes para la medida cautelar.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, expresó su desconcierto ante esta situación y demandó una actuación más contundente por parte del Poder Judicial. En vista de la indignación pública que generó el caso de "Mila", Boluarte exigió la reversión de la decisión judicial y la captura inmediata del acusado.
Tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Salud y el Gobierno se comprometieron a brindar apoyo y protección continua a la niña, cuyo nombre es ficticio para salvaguardar su identidad. La presidenta aseguró que la menor no será abandonada y recibirá acompañamiento.
La repercusión del caso de "Mila" trascendió las fronteras nacionales, generando llamados de atención de organismos internacionales como las Naciones Unidas, Save the Children y CHS Alternativo, quienes instaron al Estado peruano a garantizar el acceso de la niña al aborto terapéutico.
Finalmente, se informó que la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Loreto programó para el próximo miércoles una audiencia de apelación para considerar la solicitud de prisión preventiva para Pezo, según comunicado del Poder Judicial.