A pocos días de las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, elementos del Ejército Mexicano, binomios caninos y personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevaron a cabo un operativo de seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional.
Como parte del despliegue, la calle de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue acordonada mientras se realizaban inspecciones detalladas en el sistema de coladeras. Imágenes captadas por peatones muestran a soldados trabajando en conjunto con perros entrenados para detectar sustancias peligrosas y objetos sospechosos, en un esfuerzo por identificar posibles amenazas que pudieran afectar la jornada electoral.
Técnicos de la CFE participaron abriendo varias alcantarillas para revisar la infraestructura subterránea. Durante el procedimiento, agentes especializados documentaron las inspecciones con fotografías, posiblemente como evidencia de seguridad o en respuesta a alguna alerta previa.
Los binomios caninos patrullaron la zona junto a sus entrenadores sin detectar anomalías, aunque se mantuvieron en vigilancia constante. Las autoridades no reportaron señales de peligro inminente, lo que sugiere que se trata de un operativo preventivo, pero con carácter prioritario.
Este despliegue coincide con la visita programada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien emitirá su voto en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado en la misma calle de Moneda. Se presume que la operación de seguridad está directamente relacionada con su presencia y con la relevancia del proceso electoral.
La jornada del 1 de junio es considerada un parteaguas en la historia judicial del país. Por primera vez, la ciudadanía votará directamente por 881 cargos federales, entre ellos, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 17 magistrados del Tribunal Electoral y cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, además de más de 1,800 cargos a nivel local.
Esta elección es resultado de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta, quienes aseguran que el Poder Judicial está “secuestrado por intereses de élite” y requiere una transformación profunda que devuelva el control al pueblo.