Un mes antes del asesinato del sacerdote Román de la Cruz Hernández, la Diócesis de Huejutla había advertido a los católicos de la Huasteca sobre una modalidad de extorsión en la que delincuentes utilizaban números telefónicos de sacerdotes para hacerse pasar por ellos y solicitar dinero.
La alerta fue emitida el 14 de agosto por Jesús Morfín, portavoz de la diócesis, quien pidió a los feligreses desconfiar de solicitudes de transferencias que aparentemente provinieran de religiosos conocidos. Según la advertencia, algunos teléfonos de sacerdotes habían sido comprometidos y sus números eran utilizados para contactar a integrantes de las comunidades.
No existe hasta ahora información oficial que vincule al sacerdote Román de la Cruz con esa modalidad de fraude o extorsión. Las autoridades tampoco han establecido públicamente una relación entre la advertencia de agosto y el homicidio del párroco, ocurrido 32 días después.
Román de la Cruz, de 48 años, fue localizado muerto durante la mañana del 15 de septiembre en la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de los municipios de Lolotla y Tlanchinol, Hidalgo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió una investigación por homicidio, pero no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado un posible móvil.
El sacerdote presentaba lesiones que, de acuerdo con las primeras diligencias, habrían sido ocasionadas por disparos de arma de fuego. Su cuerpo fue encontrado boca abajo y tenía una cartulina colocada sobre la espalda.
El contenido de ese mensaje no ha sido dado a conocer oficialmente. Tampoco se ha establecido si la cartulina contiene alguna referencia sobre las causas del asesinato o sobre los responsables. La presencia del mensaje forma parte de los indicios que son analizados por las autoridades.
En el lugar también fue localizada una camioneta Toyota Tacoma de color vino, con placas de Baja California. Tanto el vehículo como la cartulina fueron incorporados a las diligencias realizadas tras el hallazgo.
La Diócesis de Huejutla solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer el homicidio. El obispo José Hiraís Acosta Beltrán señaló que la Iglesia no plantearía hipótesis sobre el crimen mientras las autoridades desarrollan las investigaciones.
Román de la Cruz era originario de Mazahuacán, en el municipio de Lolotla. Desde septiembre de 2024 se desempeñaba como párroco de Santa Cruz, en Huejutla, y también estaba al frente de la Comisión para la Pastoral Profética de la diócesis.
Antecedentes de extorsiones contra sacerdotes
La alerta emitida en agosto no fue el primer antecedente de solicitudes fraudulentas de dinero vinculadas con sacerdotes de la Diócesis de Huejutla.
En diciembre de 2021, el entonces obispo José Hiraís Acosta Beltrán advirtió sobre personas que pedían aportaciones económicas supuestamente destinadas a cubrir la atención médica del sacerdote Simón Hernández Alvarado. En aquella ocasión, la diócesis y las parroquias involucradas se deslindaron de las solicitudes y aclararon que el religioso recibía atención sin necesidad de solicitar dinero a los feligreses.
En 2026, el mecanismo reportado presentó una variante: el uso de números telefónicos presuntamente vulnerados para suplantar la identidad de sacerdotes y establecer contacto con personas de sus comunidades.
La modalidad aprovechaba la relación de confianza entre los religiosos y los feligreses. Por ello, la diócesis recomendó comprobar directamente la autenticidad de cualquier petición de dinero antes de realizar depósitos o transferencias.
El asesinato de Román de la Cruz ocurre además en un contexto de agresiones contra integrantes de la Iglesia católica en México. Un recuento del Centro Católico Multimedial contabiliza 29 ataques contra miembros de la Iglesia desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2026.
De acuerdo con ese registro, los casos incluyen cuatro sacerdotes asesinados, dos sacerdotes heridos, cuatro catequistas, 15 laicos asesinados, dos laicos heridos y dos familias asesinadas. Los hechos documentados corresponden a distintas entidades, entre ellas Chiapas, Estado de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Baja California e Hidalgo.
La Conferencia del Episcopado Mexicano también pidió el esclarecimiento del homicidio y llamó a que se haga justicia, mientras la investigación sobre la muerte del sacerdote continúa abierta.