Se normaliza la ilegalidad y con ella la informalidad en México

Columnas lunes 09 de marzo de 2026 -

El inicio del año 2026 nos presenta una profunda paradoja en la economía mexicana que las cifras oficiales a menudo maquillan con fines políticos. El discurso gubernamental celebra activamente una tasa de desocupación envidiable a nivel internacional, situada en un ínfimo 2.5 por ciento de la Población Económicamente Activa, como si fuera el indicador definitivo del bienestar.

Sin embargo, como analistas serios, no podemos conformarnos con este aparente pleno empleo. La verdadera tragedia nacional no reside en la falta de ocupación general, sino en la inmensa precariedad y desprotección que caracteriza a la abrumadora mayoría de los trabajos cotidianos. El verdadero desafío del mercado laboral mexicano no es el desempleo abierto, sino una informalidad asfixiante, salarios insuficientes para costear una vida digna y la ausencia total de redes de seguridad social para quienes verdaderamente sostienen con sus manos la economía del país.

Para entender esta crisis, es indispensable diseccionar los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cierre de 2025. El país alcanzó 61.3 millones de personas económicamente activas, de las cuales 59.8 millones se encuentran ocupadas. En el papel, estas cifras sugieren dinamismo económico, pero la realidad golpea cuando observamos que 32.9 millones de trabajadores operan en absoluta informalidad, estamos hablando de que el 55% de la fuerza laboral subsiste al margen de la ley, sin contrato y sin acceso a la seguridad social. Es un incremento alarmante de casi medio millón de personas arrastradas a la economía subterránea en un solo año, demostrando que el sistema formal falla estrepitosamente en su capacidad de absorción.

Esta fractura estructural tiene un sesgo de género innegable. La economía sigue castigando desproporcionadamente a las mujeres, empujándolas hacia la mayor vulnerabilidad. Al cierre del año pasado, la tasa de informalidad femenina se ubicó en 55.8 por ciento, superando el 54.4 por ciento de los hombres. Mientras el empleo masculino muestra resiliencia, la participación de las mujeres enfrenta graves retrocesos, con una pérdida neta de más de 70 mil plazas femeninas en el último trimestre de 2025, frente a la creación de 368 mil puestos para hombres.

Esta disparidad es el resultado de un país que carece de un sistema nacional de cuidados, forzando a millones de mexicanas a buscar refugio en la flexibilidad del comercio informal para conciliar la generación de ingresos con las labores no remuneradas del hogar.

¿Qué empuja verdaderamente a empresas y trabajadores hacia la clandestinidad económica? La respuesta radica en lo que los especialistas han denominado el "tsunami regulatorio". El Estado mexicano ha implementado de forma reciente múltiples reformas laborales que, aunque revestidas de justicia social, han carecido absolutamente de viabilidad financiera para las pequeñas y medianas empresas.

Los incrementos exponenciales al salario mínimo general, la abrupta duplicación de días de vacaciones pagadas, la estricta prohibición de la subcontratación de personal y las nuevas exigencias ergonómicas de la Ley Silla, provocaron en su conjunto un encarecimiento operativo abismal. Diversas organizaciones empresariales estiman que estas loables normativas elevaron injustamente el costo del empleo formal entre un 45 y un 55 por ciento para los pequeños negocios comerciales. Legislar desde un escritorio ignorando la baja productividad de la base piramidal siempre genera inevitables incentivos perversos.

El resultado de encarecer dogmáticamente la formalidad es desastroso: la extinción de los empleadores. Los registros del Seguro Social revelan que, entre septiembre de 2023 y agosto de 2025, México perdió más de 34 mil patrones formales. Ante la imposibilidad de sostener la asfixiante carga fiscal y regulatoria, miles de emprendedores optan por la simulación y contratan personal mediante pagos en efectivo. El horizonte para 2026 luce amenazador con la inminente entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una medida que, sin “incentivos fiscales transitorios” para las empresas, será la estocada final que empujará a millones de mexicanos hacia la economía sumergida de forma definitiva.

Este panorama no se distribuye uniformemente, evidenciando la existencia de dos Méxicos irreconciliables. Mientras en el norte industrializado, en entidades como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, las tasas de informalidad se logran contener alrededor del 33 y 34 por ciento gracias a su vinculación internacional, el sur vive un rezago profundo. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la informalidad asfixia a más del 75 por ciento de la población ocupada. La elogiada oportunidad del nearshoring fracasó en su intento por democratizar el desarrollo nacional. La falta de infraestructura logística, escasez de energía, deficiencias educativas y la rampante inseguridad y extorsión, actúan como barreras infranqueables que alejan la inversión del sureste y perpetúan la pobreza.

Erradicar este flagelo requiere transitar hacia un rediseño institucional audaz. La medida más trascendental que México debe implementar es la progresiva desvinculación de la seguridad social del contrato laboral tradicional. Condicionar el acceso a la salud y a una pensión a la tenencia de un empleo formal impone un castigo a la creación de puestos de trabajo. Debemos apuntar hacia un sistema universal financiado mediante impuestos generales, permitiendo flexibilizar los criterios para que trabajadores independientes coticen voluntariamente a sus cuentas de retiro. A la par, es imperativo establecer políticas de educación y desarrollo de competencias desde temprana edad, dotando al talento local de las habilidades técnicas que exige el nuevo entorno industrial global competitivo.

Finalmente, combatir la informalidad desde la raíz demanda destruir de una vez por todas las monumentales barreras burocráticas de entrada a la legalidad y abatir la extorsión administrativa y la corrupción sistémica en todos los niveles gubernamentales, factores destructivos que desincentivan masivamente la apertura y expansión de nuevos negocios formales. Las políticas públicas deben incorporar siempre una sólida gobernanza tripartita, donde el impacto financiero de cada nueva ley sea evaluado preventivamente junto con sindicatos y empresarios activos.

Solo haciendo que la formalidad comercial sea económicamente viable y no un simple acto de promesas políticas sin sustento, es que México logrará por fin desterrar la oscura trampa de la precariedad y comenzar a construir una economía genuinamente próspera, estable, resiliente e incluyente para todos y cada uno de sus habitantes.