Claudia Bolaños
En un caso de demora en la impartición de justicia, un hombre señalado en por un conflicto patrimonial lleva ocho años bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, sin haber sido sometido a juicio.
La medida cautelar —que originalmente debía ser temporal— fue renovada recientemente en Yucatán.
El proceso se remonta a 2018, con la carpeta 70/2018 en Quintana Roo. Pese a que el acusado, identificado como EJCR, logró ganar en todas las instancias previas ese proceso, fue trasladado a Yucatán, donde la justicia local sigue su curso.
En la audiencia realizada el 10 de julio se determinó extender la restricción por otro año, a pesar de que, según expertos legales, la orden carece de sustento territorial real: el caso se originó durante un vuelo, no en Yucatán, lo que violaría los principios de jurisdicción establecidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución.
Critican que esta medida rompe los límites establecidos por ley: supera ampliamente los dos años permitidos para prisión preventiva, sin juicio ni resolución, y añade un impacto negativo a su salud, incluida su diabetes.
Las defensas aseguran que incluso la Fiscalía reconoció que “si gana su juicio, ya puede salir libre”, lo que evidencia el abuso.
Además, se señala que quienes promovieron este caso estarían vinculados políticamente con el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, lo que sugiere que podría tratarse de una “venganza política” disfrazada de disputa familiar, señalaron familiares del imputado.
Organizaciones civiles y especialistas han alzado la voz para exigir que este tipo de abusos no se normalicen, pues afecta derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Reclaman que una disputa familiar no puede convertirse en una condena encubierta.
La prolongada espera por un juicio pone de manifiesto fallas serias en el sistema de justicia penal.