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Seguridad, legitimidad y Estado

Seguridad, legitimidad y Estado

Columnas viernes 25 de octubre de 2019 - 09:12

La seguridad es el principio fundante del Estado, es el principio que garantiza la legitimidad del contrato social, por medio del cual, en estado de naturaleza, el conjunto de seres temerosos a la muerte violenta y prematura, se unen para crear un poder superior al de cualquiera de ellos, y así garantizar su sobrevivencia y la garantía elemental que proteja la propiedad de cada pactante.

La teoría contractualista conforma una de las más importantes nociones filosófico-políticas del Estado, teniendo como primordial figura al inglés Thomas Hobbes, y continuada por pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau o Immanuel Kant, cada uno de ellos una figura emblemática de la reflexión humana de la que parten los principios que conceden sentido a la sociedad individualista moderna, fragmentada entre preocupaciones particulares y asuntos públicos que para el bien de todos deben de garantizarse.

No se puede actuar en nombre del Estado negando su principio fundante: seguridad, y menos aún establecer una falsa analogía que pretende tapar responsabilidades, argumentando que a los criminales no hay que lastimarlos, cuando ya estos, plenamente reconocidos por la manifestación de su arbitrio a través de la violencia expresa (despojar a ciudadanos de sus posesiones; tomar como rehén a una población entera para extorsionar al estado de soltar a un delincuente, sumando la posesión de armamento prohibido, etc.), con actos que se encuentran tipificados como delitos en los códigos penales válidos del país, que no se cumplirá con el deber de castigarlos por miedo.

Un Estado que se deja extorsionar tan vilmente por una banda de miserables, es una entidad que expone su propia legitimidad. El deber de la seguridad no es negociable, de hecho, nada de lo establecido en el contrato social puede ser ofertado en el mercado como si se tratara de un bien ilícito. Lo grave de semejante dicho, es o la evidente cobardía del gobernante, o una falacia ad hoc que con una estúpida conmiseración al violador del Estado de derecho, intenta ocultar la torpeza, mezclada con necedad e ignorancia.

Todos perdemos cuando tanta ineptitud pretende establecer un nuevo orden fundado en buenas intenciones —al menos eso dice—. Cuando viola ese principio hobbesiano que nos alerta sobre la violencia innata de nuestros congéneres, a los que solamente la imposición de la ley les obliga a respetar a sus conciudadanos. No considerar la violencia, o mirarla con ojos de benevolente Virgen redentora, ahuyentando cualquier sospecha sobre evidentes maleantes, no puede conducirnos a nada bueno como sociedad. Un gobierno que no cumple con su compromiso fundante está condenado al fracaso, y sus seguidores al permanente oprobio y vergüenza de la historia.

•Catedrático de la Universidad del Pedregal

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/CR

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