Columnas
En la polémica ideológica que se armó luego de ser exhibida la transacción ilegal realizada por la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, ex coordinadora de asesores de Santiago Creel, contra Pemex, la posición política anula la legalidad.
Señalan algunos abajofirmantes en una carta de protesta por lo que consideran un abuso, por la exhibición que irrumpe la privacidad de la ex funcionaria. No rechazan el delito principal grave sino uno adicional y secundario, que es la supuesta ilegalidad que existe al exhibir públicamente el desarrollo del caso y las violaciones a la ley de parte de Casar.
Aseguran que al no ser funcionaria pública no debe mostrarse el documento, pero se trata de dinero público el que está de por medio y el que se embolsó ilegalmente contra el interés nacional.
Llama la atención que por lo menos el 70 por ciento de los abajofirmantes, que no son más que cómplices de la corrupción., en algún momento trabajaron en el IFE o en el INE, quienes siempre fueron conservadores con piel de imparciales. No se olvidaron de firmar hasta los aviadores. como es el caso de una actriz que gracias a su estrecha amistad con Woldenberg estaba en nómina. Conejeros, ex consejeros electoral, directores generales, del árbitro electoral aparecen con sus firmas protestando por una ilegalidad de las muchas que ignoraron a pesar de suceder frente a ellos.
Una muestra de que la indignación que esconde consigna política tiene más fines políticos que el señalamiento original de ese fraude. Se trata de una cantidad de 31 millones de pesos que aprovechó Casar, por la muerte “accidental” de su marido, quien, a pesar de no tener la antigüedad necesaria para gozar de las prestaciones plenas como empleado de Pemex, las provechó sin importar el fallo de suicidio.
No existe persecución política ni venganza ni se busca un impacto mediático en tiempos de elecciones. Los abajofirmantes no defienden la verdad ni la justicia, defienden la postura política de María Amparo Casar, con la cual se identifican. El hecho es una consigna conservadora a la que apuestan el resto de su existencia.
Para estos personajes el poder es adictivo, que en el proceso de búsqueda de su vicio no les importa si atropellan a alguien o violan las leyes, ellos simplemente quieren que les regresen lo que consideran su patrimonio. Quieren volver a un país de privilegios, muy similar a una monarquía.
En esta guerra de desesperación por el poder extraviado en la corrupción las contradicciones suceden en la derecha con grotescas expresiones donde la honesta mujer, que lucha por la transparencia, es corrupta; el cura es un pecador; la buscadora de desaparecidos busca cargos públicos; los magistrados son infractores y los ministros están en subasta.