Regular la inteligencia artificial para preservar la dignidad humana

Columnas lunes 27 de julio de 2026 -

Pocas veces una iniciativa legislativa logra lo que cualquier persona desearía: instalar un debate nacional. La denominada "Ley Serrano" —nombre que no corresponde al título oficial de la propuesta— ha provocado una discusión que trasciende a San Luis Potosí. Más allá de las simpatías o diferencias con su contenido, el tema de fondo resulta ineludible: ¿cómo debe México enfrentar la revolución que ha generado, para bien o para mal, la inteligencia artificial?

Durante años, la conversación pública estuvo dominada por los beneficios de la IA. Automatización, productividad, innovación, desarrollo económico y nuevas oportunidades. Sin embargo, conforme los sistemas de inteligencia artificial comenzaron a generar imágenes, videos y voces prácticamente indistinguibles de la realidad, surgieron preguntas que ningún Estado democrático puede ignorar.

¿Quién protege a una persona cuya imagen es utilizada para fabricar un video falso? ¿Qué ocurre cuando un algoritmo discrimina, manipula o suplanta identidades? ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la vulneración de derechos fundamentales?

La iniciativa no nace de un interés político, sino de una responsabilidad histórica frente a un fenómeno que ya transformó al mundo. Su argumento principal es sencillo, pero profundamente jurídico: antes que cualquier otro derecho existe uno del que derivan todos los demás: la dignidad humana.

La Unión Europea aprobó el AI Act, considerado el primer marco jurídico integral sobre inteligencia artificial en el mundo. Su objetivo no es impedir el desarrollo tecnológico, sino clasificar los sistemas según el riesgo que representan para las personas. Aquellos considerados de riesgo inaceptable —como ciertas formas de manipulación, vigilancia biométrica masiva o sistemas que vulneren derechos fundamentales— quedan prohibidos. Los de alto riesgo están sujetos a estrictos mecanismos de transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas.

Aquí no se trata de vulnerar o socavar los derechos a la libertad de expresión ni de quienes ejercen con responsabilidad el periodismo en San Luis Potosí; por el contrario, garantizar su labor con responsabilidad social y ética profesional.

No se trata de limitar o coartar su labor, sino de regular al algoritmo, que en manos perversas o mal intencionadas, puede generar una grave desinformación y daño irreversible para las personas.

México necesita una legislación moderna, técnicamente sólida y respetuosa de las libertades. Una ley que proteja la innovación sin sacrificar los derechos humanos; que incentive el desarrollo tecnológico sin permitir la manipulación, la discriminación o la deshumanización.