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Sentencia a García Luna confirma red de corrupción millonaria, según la UIF

Nación viernes 23 de mayo de 2025 -

La reciente sentencia dictada contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, demuestra la existencia de un “esquema de defraudación millonaria durante dos sexenios sucesivos (el de Calderón y de Enrique Peña Nieto)” y la continuidad de un “Estado corrupto que viene de los años 50”, de acuerdo con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Gómez resaltó la importancia de conocer a fondo esta red de corrupción, similar a otras que “quedaron ocultas” en la historia del país. Reveló que parte de los recursos desviados fueron utilizados para financiar campañas políticas, y que actualmente se investigan 15 empresas implicadas, directa o indirectamente, en el lavado de dinero.

El titular de la UIF destacó que esta situación brinda una oportunidad única para desentrañar las estrategias utilizadas por “delincuentes de cuello blanco” que operaban bajo la protección de gobiernos de distintos partidos. Afirmó que estos actores políticos instauraron y perpetuaron un “Estado corrupto”.

Durante la conferencia matutina presidencial, Gómez criticó que mientras una jueza en Florida dictaminó que García Luna y su esposa deben resarcir al gobierno mexicano con 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, un tribunal nacional otorgó un amparo a Pereyra que le permite operar libremente en el sistema financiero mexicano.

Pablo Gómez expresó que esta situación “se va a resolver pronto”, subrayando que los procesos contra el matrimonio permitirán revelar cómo se desvió el dinero público sin temor a represalias legales durante los gobiernos anteriores.

Según Gómez, no hubo una verdadera transición política entre partidos, sino una prolongación del mismo sistema corrupto originado desde mediados del siglo XX. Añadió que el verdadero cambio se produjo hasta el año 2018, permitiendo que estas tramas comenzaran a salir a la luz.

El caso no está cerrado. Se anticipa una nueva resolución por parte de la jueza Lisa Walsh contra las empresas que facilitaron el desvío de fondos hacia un banco en Barbados, identificado como parte de un sistema internacional de lavado de dinero, con la participación de instituciones bancarias mexicanas.

Gómez no descartó llegar a arreglos legales con las compañías involucradas, muchas de las cuales ya no existen. También se contempla convocar a un jurado para dictar veredictos que sustenten nuevas sentencias judiciales.

La UIF tiene en la mira a 15 empresas ligadas al esquema de blanqueo de capitales, en operaciones que involucran aproximadamente 100 millones de dólares. Estas compañías jugaron roles clave en la estructura financiera de García Luna.

El caso también se desarrolla en instancias judiciales mexicanas. Pablo Gómez aseguró que parte del dinero malversado fue dirigido a campañas políticas, y mencionó que ya hay personas detenidas y múltiples órdenes de aprehensión en curso.

Tanto Gómez como la presidenta Claudia Sheinbaum destacaron la labor de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, quien como titular de Seguridad y Protección Ciudadana impulsó la denuncia durante la administración de López Obrador.

García Luna y Pereyra fueron sentenciados a indemnizar al Estado mexicano con 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, una cifra tres veces superior a lo que originalmente se les demandó, por contratos irregulares adjudicados entre 2009 y 2018 a través de entidades como la Policía Federal y el CISEN.

Mediante el entramado empresarial conocido como Grupo Weinberg, liderado por Mauricio y Jonathan Weinberg, García Luna gestionó contratos por más de 727 millones de dólares, de los cuales se pagaron al menos 625 millones, además de cifras en pesos.

El gobierno mexicano ha recibido cerca de 2.5 millones de dólares en bienes asegurados. Gómez indicó que la demanda inicial fue por 250 millones contra García Luna, monto que aumentó gracias a la información proporcionada por Rosa Icela Rodríguez.

La resolución más reciente triplicó los montos originales de las demandas civiles: 250 millones de dólares para García Luna y mil 740 millones para Linda Cristina Pereyra, reflejando la gravedad del desfalco cometido y su impacto en la administración pública.

Imagen: Cuartoscuro