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Columnas
El pasado 15 de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que reformó el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
En un contexto donde la eficiencia y la transparencia son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, resulta imperativo abordar estos desafíos con determinación y creatividad.
La burocracia, entendida como un sistema de gestión caracterizado por la rigidez y la complejidad de los procedimientos, ha sido históricamente un obstáculo para la innovación y el progreso. Los ciudadanos y las empresas se enfrentan a menudo a procesos lentos y engorrosos que dificultan su interacción con las instituciones públicas. Esto no solo genera frustración y desconfianza, sino que también supone un lastre para la economía y la competitividad.
La simplificación administrativa implica reducir la complejidad de los procedimientos y trámites, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todos. Esto puede lograrse mediante la digitalización de servicios, la eliminación de requisitos innecesarios y la implementación de sistemas de gestión más eficientes. La desburocratización va un paso más allá, al buscar también eliminar los obstáculos y barreras que impiden el funcionamiento ágil y eficaz de las instituciones públicas.
Un enfoque clave para lograr estos objetivos es la digitalización. La implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede automatizar procesos, reducir tiempos de espera y mejorar la transparencia. Los portales web y las aplicaciones móviles pueden ofrecer servicios públicos en línea, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites y consultas de manera rápida y segura.
Además, es fundamental fomentar una cultura de la innovación y la mejora continua dentro de la función pública. Esto implica capacitar a los servidores públicos en nuevas habilidades y tecnologías, y promover la colaboración entre diferentes entidades y sectores. La participación ciudadana juega un papel esencial, ya que permite identificar áreas de mejora y diseñar soluciones más efectivas.
La simplificación administrativa y la desburocratización no solo benefician a los ciudadanos y las empresas, sino que también tienen un impacto positivo en la economía y la sociedad. Al reducir los costos y tiempos asociados a los trámites, se puede estimular la inversión, fomentar el emprendimiento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para hacer eficaz el nuevo mandato constitucional, el Congreso de la Unión discute la “Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos”, que habrá de expedirse próximamente.
Flor de Loto: La simplificación administrativa y la desburocratización son esenciales para garantizar el derecho humano a la “buena administración”. La digitalización, la innovación y la participación ciudadana son herramientas clave para lograr este objetivo.