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Suprema Corte de Justicia dejará de ser rehén de intereses externos: futuro presidente de un intento de soborno
Nación
Hugo Aguilar Ortiz, electo presidente de la Suprema Corte, revela presiones de grupos económicos durante su campaña y anuncia plan para transparentar y modernizar el Poder Judicial.
En las próximas semanas, Hugo Aguilar Ortiz asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y promete liberarla de influencias externas e internas, tras admitir que intentaron corromperlo durante su campaña electoral. Según reveló, sectores con intereses económicos le ofrecieron votos a cambio de fallos favorables, a lo que respondió rechazando compromisos y advirtiendo que esos grupos “quieren que la Corte sea rehén de intereses”.
El futuro ministro presidente aseguró que su gestión iniciará el 1 de septiembre con un plan de transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF). La propuesta incluye mayor apertura al diálogo, transparencia en resoluciones y agilización de trámites: expedientes serán turnados en 48 horas, y sentencias publicadas en plazos mucho más breves.
Durante su campaña, Aguilar Ortiz denunció que se enfrentó a presiones de “intereses económicos” que condicionaban su inclusión en la lista de candidatos a cambio de compromisos judiciales. Él replicó que su visión es de objetividad y diálogo, no de acuerdos previos.
Aunque obtuvo 6.2 millones de votos, descartó estar en deuda con partidos o grupos empresariales: “no tengo deudas con nadie, excepto con quienes votaron por mí”, aseguró. Reconoció que dentro del PJF persisten cúpulas de poder que obstaculizan la renovación institucional, pues sólo la mitad de los puestos fueron relevados.
En su hoja de ruta figura la creación de un Tribunal de Disciplina con facultad sancionadora para erradicar corrupción, deshonestidad y venta de justicia en un plazo de cinco años, advirtió que sin vigilancia persistirán los mismos vicios.
Aguilar Ortiz destacó su trayectoria en defensa de pueblos indígenas y afromexicanos como base para una Corte más incluyente, cercana y justa. Rechazó críticas sobre posibles impedimentos por su trabajo en el INPI, indicando que respetó los procesos tradicionales de consulta, como la realizada por el pueblo yaqui.
Sobre la relación institucional, anunció que buscará diálogo con el Ejecutivo y Congreso sin componendas ni subordinación. Advirtió que la Corte no usará su poder para bloquear iniciativas legislativas, pero exigirá ser escuchada en temas como leyes de amparo y justicia constitucional.
Aunque reconoce que la Corte es hoy heterogénea y con mayoría dividida, prevé que se logren consensos metodológicos y metas claras, pero “no unanimidades forzadas”. Subrayó que será el primer presidente de la Corte elegido por voto popular —desde Juárez en el siglo XIX—, tras la reforma de septiembre de 2024, que limita su poder administrativo y disciplinario.
Entre las prioridades, mencionó resolver el rezago judicial, revisar las funciones de las desaparecidas dos salas, acotar los plazos procesales y definir criterios constitucionales para medio ambiente, derechos indígenas y otros temas emergentes. También anunció recortes a privilegios superfluos de los ministros: se mantendrán blindados, celulares y seguros médicos solo si son indispensables.
Con su equipo, incluirá ponencias en cada caso para imprimir su criterio en las decisiones y reforzará la coordinación con el nuevo Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial.
Foto por Cuarto Oscuro
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MM/CR
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