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Taxistas autorizados presentan quejas y denuncias en Presidencia, Sedena, Contraloria y FGR por intento de entrega irregular de placas de taxis del AICM
Nación
Claudia Bolaños
Taxistas autorizados presentaron quejas y denuncias en Contraloría y Fiscalía General de la República (FGR), con copias para la Presidencia de la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por irregularidades administrativas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por la intentona de entrega de 300 juegos de placas para taxis, a través de una supuesta deuda.
En los escritos se señalan las conductas que parecen ser constitutivas de delito y de posibles irregularidades administrativas, con base en el juicio mercantil 1318/2018, en el 72° Juzgado de lo Civil de la Ciudad de México.
Este 4 de noviembre, se envió una queja ante el Titular del Órgano Interno de Control, dirigido a José Antonio Montero Villa, a través de representantes de seis agrupaciones de taxistas: Yellow Cab, Porto Taxi, Taxistas Agreniados, Sitio 300, Transportación Terrestre Nueva Imagen, y Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que engloban a mil 400 permisionarios.
Señalan que todo indica que el AICM, a cargo del contralmirante José Ramón Rivera Parga, se inventó una supuesta deuda y que, para liquidarla, comprometió la entrega en exclusiva de 300 juegos de placas federales para operar taxis en ese aeropuerto a un sujeto identificado como Homero Pantoja Rivas (y/o Protaxis Ejecutivos), se indica.
Representantes legales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acusaron que “indebida e ilegalmente acepta una transacción sobre un derecho para su contraparte y una obligación para el AICM, inexistente, y más aún considerando que pretende saldar una supuesta obligación de pago a cambio de otorgar (…) 300 permisos administrativos”.
Las agrupaciones de taxistas autorizados pidieron a estas las autoridades competentes para exigir se llame a cuentas a los servidores públicos involucrados; y se deslinden responsabilidades del orden administrativo y penal.
Y es que cada juego de placas tienen un costo de más de 8 millones de pesos, lo cual resultaría en una operación de más de 2,500 millones, según las cuentas de los denunciantes.
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JM/CR
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