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Trámite DUF-Edomex, mina de oro

Trámite DUF-Edomex, mina de oro

Columnas jueves 20 de agosto de 2020 - 00:42


En el Estado de México, el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) prácticamente se ha convertido en una mina de oro, pese a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
Conseguir el codiciado documento se ha convertido en un vía crucis para empresarios pequeños y grandes. Las mismas cámaras y asociaciones patronales han levantado la voz ante autoridades mexiquenses.
Si bien se sabe que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se ha sumado a la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción en todos sus niveles, los subalternos en esa administración no han hecho caso.
Llegaron testimonios a esta columna de cómo se pide moche por el trámite, de otra forma no dan luz verde a los negocios o desarrollos, hoy tan necesarios para reactivar la economía de las localidades y el país.
Pero parece que la corrupción con el DUF no es nueva, ya se había señalado en varias ocasiones, pero ahora los empresarios están al borde del hartazgo sobre todo ante la crisis económica acrecentada por la pandemia.
Sucede que el DUF es imperativo para los inversionistas, pues lo expide la Comisión Estatal de Factibilidad y reúne todas las evaluaciones técnicas en Protección Civil; Medio Ambiente; Agua; Desarrollo Económico; Comunicaciones; Salud; Movilidad; Desarrollo Urbano y Vivienda.
Lo que debiera ser una simplificación administrativa y desregulación es un infierno, pues el DUF es de carácter permanente.
Los involucrados en esa red de extorsión, según las acusaciones, son los mismos que hacen directamente el trámite, pues para obtener el documento, los empresarios deben anunciar la apertura, instalación, operación o ampliación del proyecto.
Cuando hay riesgo, los funcionarios envían a gestores o cabilderos para pedir el dinero.
Los señalamientos llegan a Ana Laura Martínez Moreno, recién nombrada directora general de Política e Inclusión Laboral del gobierno estatal y Miguel Ángel Franco, subdirector de autorizaciones urbanas.
Los moches son mínimo de 40 mil pesos por vivienda autorizada cuando se trata de un desarrollo urbano, se asegura, por lo que pronto se llevarán las pruebas con el gobernador.
Es un abuso a la vista de todos, cuando se creó este programa se debieron poner candados específicos que eviten la corrupción en todas sus formas, un poco como el alcoholímetro, donde es casi imposible sobornar a más de cinco autoridades en un solo retén.
Esa ventanilla para obtener el DUF no puede tener la decisión de una sola persona cuando el empresario ya cumplió y lo único que quiere es ganar dinero legalmente y dar empleos.
EXPERIENCIA PRIISTA
Y todo apunta a que Dulce María Sauri Riancho, diputada federal del PRI, será la próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

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/CR

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