Karla, una menor de dos años y medio fue abusada sexualmente por su padre en febrero de 2020, por lo que María Andrea Portillo, madre de la menor levantó una denuncia formal misma que en su momento no procedió debido a irregularidades por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Tras cuatro años buscando justicia, María Portillo consiguió que el presunto abusador sea citado a audiencia donde el sujeto se comprometió a pagar una garantía de 80 mil pesos además de que se le asignó una restricción donde no puede acercarse a la víctima y a su madre.
“Mi niña me empezó a decir que su papá le hacía cosquillas en su colita y se señalaba la vagina. Luego, en otra convivencia que se la llevó su papá, me dijo: mi papá me da besos en la colita”, contó María luego de que las autoridades no respondían a sus denuncias.
María creyó que el retraso de su caso se debía a que se atravesó la emergencia sanitaria por Covid-19, pero con el paso de los años no había avances en la investigación e incluso autoridades la ignoraban al juzgar que era un caso de despecho contra su ex marido.
“El ministerio público me llegó a decir que no era factible judicializar la carpeta porque no servía ningún informe psicológico que tenía mi hija, que lo único que podían hacer era mandar un escrito al juzgado familiar, en donde dijeran que mi hija podía tener convivencias supervisadas hasta los seis años y ya después de los seis años, si el papá le hacía algo, ya podría ser más creíble. Y entonces le pregunté si necesitaba que mi hija llegara violada”, declaró la madre de la menor.
Autoridades llegaron a insinuar que María Portillo manipulaba a la pequeña Karla, pero tras una segunda entrevista psicológica la menor detallo lo que su padre le hacía cuando estaban a solas, lo cual permitió avanzar y judicializar el caso, pero con la obstrucción de un juez que no vínculo a proceso.
“El papá dice que yo la manipulo, en ningún momento lo ha sido. Les pido que vean las periciales, ningún perito o psicólogo ha dicho eso, escuchen y protejan a mi hija. Ella no quiere entrar al centro de convivencias y estando allá solo me piden que la motive a entrar”, enfatizó María Portillo.
Autoridades del Estado de México analizará las pruebas para corroborar si deben vincular a proceso al sospechoso, mientras este puede continuar con sus visitas supervisadas con la menor.