El gobierno de Estados Unidos detuvo temporalmente la construcción de un proyecto de 1,700 millones de dólares en el Parque Nacional Big Bend, Texas, frontera con México, luego de la fuerte oposición de autoridades locales y legisladores de ambos partidos.
El plan del Departamento de Seguridad Nacional contemplaba levantar barreras para vehículos, caminos de patrullaje, iluminación y sistemas de detección en toda la zona, reconocida por su biodiversidad y paisajes como el Cañón de Santa Elena.
Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), anunció en un video que ordenó “una pausa en toda actividad en ese parque” hasta realizar una evaluación personal y dialogar con actores locales.
La administración había eximido el cumplimiento de decenas de leyes ambientales para avanzar con el proyecto, parte del impulso de Donald Trump para ampliar el muro fronterizo con México. Sin embargo, la oposición incluyó a 14 jueces de condado y cinco alguaciles de Texas, quienes pidieron alternativas más prácticas como el uso de tecnología avanzada de vigilancia.
Jake Knight, director de la Big Bend Protection Alliance, calificó el proyecto como innecesario: “Es, literalmente, imposible atravesarlo, ya sea a pie o en vehículo, desde el otro lado hasta esta zona. Además, esto no responde a la voluntad de la gente de esta región”.
La pausa abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad fronteriza y conservación ambiental en uno de los parques más emblemáticos de Estados Unidos.