A partir de los datos más recientes de las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI, los datos sobre la mortalidad en niñas, niños y jóvenes -del primer año de vida a los 35) revelan una fractura profunda en la sociedad: las principales causas de defunción en estos grupos son las causas por causas externas, es decir, muertes accidentales y violentas. En 2024, el grupo de edad más afectado por los homicidios fue el de 25 a 34 años, seguido por los grupos de 15 a 24 años, en los cuales el homicidio constituye la primera causa de muerte, especialmente entre los hombres
Esta configuración de la mortalidad temprana expresa una violencia estructural que atraviesa generaciones enteras y que se ha normalizado como parte del entorno de vida juvenil. La violencia homicida, que en otras naciones es un evento excepcional, en México es estadísticamente previsible: la tasa nacional de homicidios en 2024 fue de 25.8 por cada 100 000 habitantes, un nivel ocho veces superior al promedio mundial y más de veinte veces mayor que el de la mayoría de los países desarrollados, donde las tasas se sitúan por debajo de 1.5 por cada 100,000. Mientras en Noruega o Japón la juventud muere por enfermedades raras o accidentes fortuitos, en México muere por homicidios, accidentes viales y suicidios.
La sociología de la salud denomina a estos fenómenos determinantes sociales de la mortalidad, porque la violencia, el consumo de drogas, la precariedad económica y la desigualdad se convierten en condiciones letales. La muerte temprana es así un síntoma de una sociedad que no protege la vida ni ofrece horizontes de sentido. El país se revela como un entorno estructuralmente inapropiado para las infancias y las adolescencias, donde el principio constitucional del interés superior de la niñez se ve traicionado cada día por la ausencia de políticas efectivas de paz, prevención y bienestar.
El contraste internacional es revelador. Según la UNODC, los países miembros de la OCDE registran tasas de homicidios juveniles que oscilan entre 0.5 y 2 por cada 100,000 jóvenes, mientras que México supera los 25. Esta brecha muestra sobre todo un abismo civilizatorio, pues en México la juventud es tratada, particularmente por los grupos criminales -y por el abandono del Estado-, como “reserva social desechable”, víctima de un orden que la empuja hacia la marginalidad, el consumo de sustancias adictivas y la violencia.
La lectura filosófica-sociológica de estos datos exige pensar en una nueva estrategia nacional de paz que supere las visiones policiales y economicistas. Tal estrategia debe incluir prevención de adicciones, atención integral a la salud mental, reconstrucción del tejido comunitario, garantía efectiva de derechos y la transformación de las identidades y roles de género que sostienen la violencia masculina y el culto a la fuerza.
Las cifras del INEGI son el espejo moral de una nación que ha permitido que la violencia defina su destino. Reconstruir el país para las infancias y juventudes es,hoy más que nunca, un imperativo ético y civilizatorio.
Investigador del PUED-UNAM