Uso electoral de los programas y acciones sociales

La lista nominal de electores es el documento elaborado por el INE que contiene los datos de la ciudadanía que solicitó su inscripción al padrón electoral en territorio nacional y cuentan con su credencial para votar con fotografía vigente.

Analizando los datos de dicha lista con corte al 30 de octubre de 2020, se advierte que contiene 91,503,518 ciudadanas y ciudadanos registrados de los cuales 47,397,546 son mujeres y 44,105,972 son hombres.

Por rango de edad se pueden apreciar los datos siguientes: 18 años 906,483; 19 años 1,995,998; 20-24 años 10,974,523; 25-29 años 11,274,629; 30-34 años 10,035,432; 35-39 años 9,373,651; 40-44 años 8,835,128; 45-49 años 8,505,373; 50-54 años 7,213,047; 55-59 años 6,160,663; 60-64 años 5,021,450; y 65 años o más 11,207,141.

Como puede verse, dos de los rangos de edad más importantes electoralmente son las personas jóvenes entre18 y hasta 29 años quienes representan un universo de 25,151,633; y las personas adultas mayores entre los 60-64 y 65 y más que ascienden a 16,228,591.

Estos dos grupos de personas suman en su conjunto 41,380,224 potenciales electoras que estarán en la mira de los partidos políticos para intentar conseguir su voto, no solo por la importancia numérica que representan (casi el 50% del listado), sino porque son las principales beneficiarias de los programas sociales y acciones de gobierno federales, locales y municipales.

Los datos anteriores son importantes, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se han detectado 8,423 programas y acciones de desarrollo social en todo el país de los cuales 150 son federales, 1,444 estatales y 6,829 municipales.

En ese sentido, con independencia de las disposiciones constitucionales y legales, el INE emite, para cada proceso, una serie de reglas que tienen por objeto evitar el uso de los padrones de beneficiarias y beneficiarios con fines electorales, estableciendo que para efectos de la materia electoral se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal fin, que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales.

Por lo anterior, debemos estar atentos a que los institutos políticos, en cada nivel de gobierno, no se aprovechen de dichos programas y acciones para influir en el electorado; para tal efecto cobrarán relevancia los equipos jurídicos de partidos y candidaturas, quienes seguramente denunciarán estas malas prácticas ante las autoridades respectivas que conllevan sanciones administrativas, electorales y penales, poniéndole un poco de pimienta a la contienda.

Plancha de quite: “El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Simón Bolívar.