Venezuela: ¿Qué viene después del informe de la ONU?

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El demoledor informe de la Misión de Verificación de los Hechos, con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estableciendo que el régimen de Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad dará impulso para que se active el proceso ante la Corte Penal Internacional y acrecentará el aislamiento internacional del chavismo.

Estas son las dos consecuencias más visibles que tiene este documento, primero de su tipo en un país latinoamericano desde que se instauró esta figura de la misión de verificación por parte de Naciones Unidas.

La contundencia del informe y el carácter intachable de los integrantes de esta misión, le otorgan solidez al documento de más de 400 páginas y que de forma categórica estableció patrones de violaciones masivas y sistemáticas a derechos humanos en cuatro ámbitos: detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Este informe deja dibujada, para la Comunidad Internacional, la posibilidad de que los Estados puedan activarse ante estos gravísimos crímenes que quedan suficientemente documentados, me comentó el abogado Carlos Lusverti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

Por su parte, desde México, la directora de investigación de Amnistía Internacional para América Latina, la venezolana Carolina Jiménez, me dijo no tener dudas de que este informe puede marcar un punto de inflexión en el seno de la Corte Penal Internacional, que hace dos años dio inicio a un examen preliminar y aún no determina si abre un proceso contra el gobierno de Maduro.

Una tercera arista la ha planteado el diputado opositor Miguel Pizarro, quien pidió que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúe si el gobierno de Venezuela, electo el año pasado, debe seguir contando con un sillón en dicha instancia, tras conocerse la dureza de los testimonios que forman parte del documento.

Al igual que ocurrió con las dictaduras militares de Sudamérica de los años 1980, el chavismo en Venezuela ha usado la electricidad en genitales, ha arrancado uñas o mutilado dedos, ha asfixiado a las víctimas, ha violentado sexualmente a mujeres detenidas, ha crucificado a interrogados, entre otras tantas prácticas de tortura practicadas principalmente en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Los investigadores de la misión analizaron en detalle 233 casos, tras revisar inicialmente unos 3.000 con lo cual corroboraron patrones de violaciones y crímenes cometidos en Venezuela.

Está pendiente de que en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se decida o no renovar el mandato de esta Misión de Verificación por un año más. Unas 80 organizaciones de derechos humanos de Venezuela e internacionales están demandando al consejo que renueve y le otorgue mayores recursos a la misión.

Dada la ausencia de países aliados del chavismo como Cuba, Rusia, China y Turquía en el seno del Consejo de Derechos humanos de la ONU, en este año 2020, es probable que pueda avanzarse en establecer un mayor cerco diplomático sobre el régimen de Maduro.

Antes de que acabe este mes de septiembre, el Consejo deberá discutir el informe, decidir si renueva el mandato de la misión de verificación de los hechos y además conocerá una actualización del informe país que lleva el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, con Michelle Bachelet a la cabeza. Venezuela estará siendo objeto de debates y votaciones.

Por su parte, en relación con el impacto en el seno de la Corte Penal Internacional de este informe de la ONU, el abogado especializado en derecho internacional, Mariano de Alba, desde Washington comentó la reconocida capacidad técnica de los tres expertos que encabezaron la misión y su relación previa con la CPI, y dado que conocen a esta instancia, el informe podría ajustarse a criterios que sean de utilidad de la Corte de La Haya.

Los miembros de la misión independiente de determinación de hechos tienen vínculos con Corte Penal Internacional. Marta Valiñas fue parte del equipo de investigación de la Fiscalía hasta 2019. Francisco Cox representó a víctimas de Uganda ante la Corte, y Paul Seils fue jefe de unidad de análisis, precisó de Alba, un abogado venezolano radicado en Estados Unidos.

Para la comunidad internacional, este informe le hace un señalamiento concreto hacia funcionarios públicos del Estado venezolano, se establece una cadena de mando y responsabilidad. En concreto aparecen señalados Nicolás Maduro como jefe de Estado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Néstor Reverol, de quien dependen los órganos de seguridad estatales.

En las próximas semanas habrá que seguir con atención decisiones por parte de países occidentales en relación con Venezuela, que puedan estar amparadas en este informe, que ha tenido un fuerte impacto en la comunidad internacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos.