Vinculan a proceso a dos exfuncionarios por enriquecimiento ilícito; inhabilitan a otros dos hasta por 20 años

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la vinculación a proceso de dos exservidores públicos por el delito de enriquecimiento ilícito, así como la inhabilitación de otras dos personas servidoras públicas por periodos de hasta 20 años, como parte de las investigaciones administrativas y penales que realiza la dependencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, una de las investigaciones se centró en un servidor público que estaba adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Tras analizar la evolución de su patrimonio entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017, se detectó un incremento injustificable por un monto de 7 millones 268 mil 750 pesos. Por estos hechos, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincular a proceso al exsubdirector Ramón “N” por el delito de enriquecimiento ilícito.

En un segundo caso, la investigación administrativa se realizó contra un exservidor público adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017, se determinó un incremento injustificable en su patrimonio por 6 millones 500 mil 496 pesos. Tras la denuncia correspondiente ante la FGR, el Juez de Control con sede en la Ciudad de México vinculó a proceso a Armando “N”, quien se desempeñaba como jefe de departamento en el IMSS, también por el delito de enriquecimiento ilícito. Como medida cautelar, se le impuso la presentación periódica ante la unidad responsable.

La dependencia reiteró su compromiso con el debido proceso y recordó que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable. En ambos casos, se informó que se conducirá el proceso con estricto apego a la ley, aportando los elementos y pruebas que resulten pertinentes para acreditar las acusaciones.

Además de las acciones penales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de su Unidad de Combate a la Impunidad, acreditó que dos servidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en faltas administrativas graves. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones ejemplares: a Hilda M., directora adjunta de Administración, se le inhabilitó por 10 años y se le impuso una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos; mientras que a Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio, se le inhabilitó por 20 años y se le aplicó la misma multa económica.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero advirtió que, en caso de hacerlo, la dependencia defenderá las decisiones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en denuncias.gob.mx, señalando que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.

Finalmente, la dependencia concluyó que quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar las consecuencias, por lo que continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.