Violencia e impacto de políticas públicas

Se publicó un interesante documento de trabajo, intitulado Análisis y datos relevantes del estudio “¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto”, por el Laboratório de Análise da Violência, Universidade do Estado do Río de Janeiro en colaboración con Open Society Foundations. Es realizado con el objetivo principal de identificar qué intervenciones para reducir la violencia letal en América Latina y el Caribe (A.L. y C.) han demostrado que funcionan, no funcionan, son promisoras, contraproducentes o no cuentan con resultados concluyentes. En total se identificaron y analizaron 65 evaluaciones, 42 de ellas provenientes de Brasil, 10 de Colombia y 5 de México, con una menor representación de otros países. Estas 65 evaluaciones evaluaron 39 programas, clasificados en 23 tipos de intervención y agrupados en 11 estrategias diferentes.

El estudio sugiere que no funciona la prevención social para grupos vulnerables; además, arroja resultados contraproducentes tras la implementación de programas de combate frontal y desarticulación de los liderazgos criminales. Se identificaron dos evaluaciones del descabezamiento de grupos criminales en México. Las evaluaciones a este tipo de estrategia en México revelaron aumentos de los homicidios en los períodos posteriores a la muerte o prisión de los jefes de los grupos criminales, tanto en los estados en los que sucedían esas muertes o prisiones como, sobre todo, en el estado de origen de esos líderes. Los hallazgos sugieren que la limitación de las armas tiene alta incidencia en la reducción de homicidios. Empero, casos como el mexicano indican que el control estricto de armas es también un asunto de política exterior, por la relación de vecindad con los EUA. Esto significa que las conclusiones, más allá de ser descriptivas, poco reconocen los retos para constituirse como propuestas de política pública para implementarse y reducir los niveles de violencia.

El estudio puede tener como principal crítica si realmente es representativo de América Latina y el Caribe como región. Por dos razones fundamentales: la primera es que la cantidad de casos analizados (solamente 65 en total y el 80% concentradas en el caso de Brasil) es una muestra bastante reducida para generar conclusiones aplicables a la región; la segunda razón es que la violencia letal tiene causas, dinámicas y móviles diferenciados entre los países de la región. Resulta complejo analizar un fenómeno como el de la violencia letal con una tendencia a homogeneizar.

Es un documento valioso, aunque mi opinión es la que expongo a partir de este enunciado: Los estudios fundamentales sobre el funcionamiento del crimen organizado analizan las condiciones estructurales de las regiones donde tienen lugar (como los de Desmond Morris o Lupo) pero son pocos los que analizan el perfil criminal, no del individuo, sino del grupo (como los de Gambetta o Celia Toro). Esto es importante por lo siguiente:

Si sólo se analiza la parte de autoridad y de instituciones, es fácil caer en el populismo penal o en la claudicación de capacidades civiles para combatir el crimen. Esto puede tener resultados contraproducentes, como el blindaje de la frontera con EU para dificultar el trasiego que impuso Felipe Calderón, y que terminó por concentrar el negocio de la droga en grupos cada vez más fuertemente armados y con mayor capacidad económica, porque literalmente provocó, sin quererlo, el monopolio del negocio de transporte.

Hay otros estudios que por lo menos analizan el fenómeno desde puntos de vista complementarios, como el de la salud pública o la rehabilitación de espacios públicos. Estos evitan caer en tentaciones como la estrategia de la prohibición en los años 20 del siglo pasado (que sólo provocó el contrabando de alcohol) y analizan el perfil de los cárteles como lo que son: empresas criminales con incentivos económicos. Y así nos damos cuenta de lo estúpido que es pretender combatir el comercio de un bien de demanda inelástica (como la droga para el drogadicto) sólo suprimiendo la oferta.

Un enfoque integral genera estrategias integrales, lo que le ha faltado a casi todos los países. La capacidad de los grupos criminales a veces parte de que crean un orden donde la autoridad legal no puede, y por eso encontramos ejemplos tan folklóricos como los propios cárteles prohibiendo la venta de fentanilo y diciendo que “apoyan los esfuerzos del gobierno” o líderes criminales castigando con azotes la infidelidad marital en algunos municipios. Naturalmente, esto es terrible para el Estado y no puede combatirse solo con poder de fuego ni ocupación militar de un territorio.