Mientras que en 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en permitir que las mujeres voten en elecciones parlamentarias, seguido de Finlandia en 1906 y Dinamarca e Islandia en 1915. México fue el último país de Latinoamérica en obtener el voto femenino en 1953 al atender el llamado realizado por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer los derechos políticos de las mujeres.
En esa tesitura, en junio de 1994, en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, nace la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’. Este gran instrumento jurídico marcó un antes y un después en la vida democrática de muchas naciones en nuestra región, sin embargo, México ratificó esta convención hasta 1998.
Lo anterior, pone en evidencia la constante lucha de las mujeres para erradicar la violencia por razón de género, manifestándose no sólo por a través de diversos movimientos en el mundo, si no también por instrumentos jurídicos que han sido vinculantes para México y que dieron origen al paquete de paquete de 8 grandes reformas que las y los diputados de la 64 legislatura votamos, con la finalidad de prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género y asimismo, establecimos el principio de paridad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que consolidó formalmente el modelo paritario diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública.
Para muestra de lo anterior, en la actual 65 legislatura denominada “la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad” por primera vez, los diversos grupos sociales antes marginados o poco representados como es el caso de las mujeres ocupamos poco más de la mitad de los curules en el Congreso de la Unión, mujeres que hoy ocupamos espacios de representación popular después de desafiar estereotipos que cuestionaban nuestra participación política y social en la vida democrática de nuestro país.
Sin embargo, como representante popular segura estoy que aún debemos seguir trabajando para fortalecer el marco legislativo, no sólo en materia electoral, si no también, en materia penal para que las fiscalías como áreas de investigación y persecución puedan emitir las medidas de protección más eficaces y darle el oportuno seguimiento para brindarle de manera oportuna la protección a todas y todos.
María Rosete
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