Apuros del INE por consulta

Columnas miércoles 14 de julio de 2021 -

Arturo Zárate Vite

La consulta popular del 1 de agosto va, pero no en las mejores condiciones. Sin el presupuesto deseado por el Instituto Nacional Electoral (quería mil 500 millones de pesos), con una promoción mediática de apenas quince días, con mucho menos casillas que las utilizadas (190 mil) en las elecciones del seis de julio y una pregunta ambigua que se puede interpretar de distintas maneras y no como se planteó orginalmente para saber si se apoya la propuesta de sancionar a ex presidentes de México.

Además, para que sea vinculante, mandato u orden para las autoridades, requiere la participación del 40 % del número total del listado nominal del INE. Es decir, alrededor de 37 millones de ciudadanos y ciudadanas. La cifra en simple lógica se ve inalcanzable; en las pasadas elecciones, con todas las casillas instaladas, votaron 48 millones.

El instituto ha dicho que hará su máximo esfuerzo, hasta donde se lo permita el presupuesto disponible. Descartado que vaya a contar con los mil 500 millones de pesos que calculó en un principio. La Cámara de Diputados no le autorizó ni un solo centavo para ese propósito. Tendrá que echar mano de sus ahorros, ajustes e imaginación.

Su gasto estimado en esas condiciones es de 890 millones de pesos para instalar 91 mil casillas en el país, siempre y cuando reciba inyección extraordinaria de recursos de la Secretaría de Hacienda. De lo contrario, podría ser menor el número de casillas.

Los medios en general tampoco han mostrado interés por el tema, cero promoción previa de la trascendencia que puede tener la consulta. Ni reportajes ni entrevistas para estimular la participación.

Hasta ahora todo lo que se ha dicho y difundido es sobre la dificultad de la consulta por falta de recursos y la pregunta oficial con claridad limitada. Los interesados dirán que tiene relación directa sobre si se debe enjuiciar a los ex presidentes de México, nada más que cuando el ciudadano o ciudadana vayan a la casilla y lean la pregunta, constatarán que el planteamiento es muy diferente, confuso.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

En ninguna parte habla de ex presidentes y mucho menos cita nombres de ex presidentes. Involucra a todos y a nadie. Todos son actores políticos, por lo tanto, todos toman dicisiones políticas que pueden beneficiar o perjudicar a sectores de la sociedad.

Si se debe o no enjuiciar a ex presidentes que hubieran hecho mal uso del ejercicio del poder, es una cuestión que en la sociedad esta resuelta desde hace varios años. Su veredicto es inapelable. Dígase lo que se diga, hágase o lo que haga, ya existe una opinión. Lo saben los ex presidentes. Algunos ni siquiera pueden caminar por las calles sin correr el riesgo de ser vilipendiados. Por eso no faltó quien reclamara seguridad cuando se decidió que dejarían de contar con personal militar para ese fin.

La consulta popular del 1 de agosto servirá de lección y de experiencia para que en lo sucesivo se haga una mejor selección del tema, una pregunta que interese más a la sociedad y mayor despliegue del INE para recibir respuestas.

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