Las fuerzas militares en Arauca, región limítrofe con Venezuela, ejecutaron un bombardeo contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC que no firmó el acuerdo de paz de 2016.
El presidente Gustavo Petro informó durante la ceremonia por el 134 aniversario de la Policía Nacional que la operación se llevó a cabo bajo su autorización directa y advirtió que “se verán las consecuencias”. Asimismo, detalló en un mensaje en X que el ataque contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, pero bajo condiciones estrictas relacionadas con derechos humanos.
La ofensiva tuvo como objetivo frenar el avance de estructuras del narcotráfico que, según el gobierno, buscan internarse en territorio venezolano para generar inestabilidad. Petro señaló que acciones similares se han ejecutado en Guaviare y Arauca, donde ya han sido golpeadas células del EMC.
El EMC, liderado por alias Iván Mordisco —Néstor Gregorio Vera—, mantiene presencia en zonas como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. El bombardeo ocurre días después de otra operación militar en Guaviare, que dejó al menos 19 muertos, además de dos combatientes sometidos a la justicia y la recuperación de tres menores.
Las autoridades colombianas sostienen que estas intervenciones buscan enfrentar a “ejércitos privados del narcotráfico” que reinciden en actividades criminales. El objetivo principal es impedir que dichas estructuras utilicen territorio colombiano para armar y desplazar grupos hacia Venezuela.
Hasta ahora no se ha confirmado el número de víctimas en Arauca ni si hubo afectaciones a civiles. Las autoridades indicaron que la información se actualizará conforme avancen las verificaciones en terreno.
La operación forma parte de la estrategia del gobierno para contener a los grupos armados residuales tras el acuerdo de paz con las FARC. La participación de inteligencia estadounidense y la referencia al cumplimiento de estándares humanitarios han generado atención internacional, especialmente por la cercanía con Venezuela.
El bombardeo podría incrementar tensiones políticas entre Bogotá y Caracas, mientras que organizaciones de derechos humanos mantienen el foco sobre posibles impactos a comunidades vulnerables en las zonas intervenidas.