La LXII Legislatura del Estado de México aprobó modificaciones al Código Civil que permiten a las personas progenitoras elegir libremente el orden de los apellidos de sus hijas e hijos en las actas de nacimiento, además de incluir la opción de identidad no binaria en las actas de rectificación para el reconocimiento de género.
La reforma, impulsada por las diputadas Itzel Ballesteros y Luisa Navarro, en conjunto con la asociación civil Fuera del Clóset y con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez, también establece que, en celebraciones de matrimonio, si alguna persona contrayente está inscrita en un registro de obligaciones alimentarias, deberá informarlo a la otra parte antes de la unión.
El nuevo marco legal precisa que, en caso de desacuerdo entre madre y padre sobre el orden de los apellidos, se asentará primero el que la madre determine y después el que el padre elija. Asimismo, se reconoce la identidad de género como una convicción personal e interna, sin necesidad de acreditar procedimientos médicos, quirúrgicos o diagnósticos para su validación.
Las disposiciones también contemplan que las y los oficiales del registro civil deberán ofrecer cursos a las personas contrayentes sobre derechos y obligaciones matrimoniales, salud reproductiva, igualdad de género y prevención de violencia familiar.
En el caso de las actas de nacimiento, se detallará lugar y fecha de registro, datos médicos, CURP y huella digital en caso de que la persona registrada esté viva. Las actas de defunción deberán incluir la firma del oficial del registro civil y del declarante o, en su defecto, la huella digital.
Durante la discusión, legisladores de Morena destacaron que la reforma representa un avance en inclusión y justicia social, al reconocer la diversidad y garantizar que las personas cuenten con una identidad acorde a su realidad. En contraste, representantes del PAN señalaron que el reconocimiento de género sin requisitos podría generar inconsistencias legales y administrativas.
Finalmente, se precisó que los gastos derivados de la entrada en vigor del decreto estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y se cubrirán con recursos aprobados en el ejercicio fiscal correspondiente.