En el extraordinario Informe País 2020: el curso de la democracia en México, publicado hace unas semanas por el INE, su apartado intitulado Trastornos de la Democracia Mexicana presenta varias patologías preocupantes que obstaculizan su consolidación y adecuado funcionamiento. No debemos soslayarlas en estos tiempos de recambio político.
Se trata de la corrupción, las prácticas clientelares y la discriminación, cuyos efectos no solo pueden generar desapego hacia el sistema político, señala el informe, sino también desincentivar la participación política frente a la percepción de que no es posible realizar algo para remediar la situación.
La corrupción es considerada uno de los problemas más importantes que enfrenta el país. Alrededor del 55% de las personas que tuvieron contacto con las autoridades de seguridad pública experimentaron un acto de corrupción. De igual manera, en torno a la percepción sobre la corrupción del gobierno, casi el 60% de las personas encuestadas dijo que la corrupción ha aumentado o se ha mantenido igual de alta. No obstante dichas evaluaciones negativas, destaca que tanto los valores en torno a la corrupción como su expectativa en el futuro son positivos: la gran mayoría considera inapropiado que un funcionario(a) público reciba sobornos, y un porcentaje importante considera que la situación de la corrupción puede mejorar en el país.
Por lo que hace al clientelismo, el Informe denuncia que una de cada dos personas entrevistadas conoce a algún líder o lideresa social capaz de hacer que se resuelva algún problema en la comunidad. Igualmente, un porcentaje no menor (40%) considera que los programas sociales constituyen una ayuda y no un derecho, lo que facilita claramente la labor de los líderes que distri¬buyen recursos, ayudas y programas sociales para la construcción de redes clientelares de las y los políticos y partidos. Asimismo, las y los entrevistados reportan una alta percepción de que los votos se compran y de que los gobiernos utilizan recursos públicos para favorecer a sus partidos políticos.
Finalmente, sobre discriminación, el Informe señala que se acentúa por la clase social, la forma de vestir, la orientación sexual, el color de piel y la manera de hablar de las personas. En términos de experiencia directa, también aspectos relativos a la clase social y a la vestimenta son los más mencionados por las y los entrevistados.
Además, existen focos rojos que merecen atención: porcentajes minoritarios –alrededor del 15%– consideran que las familias de las mujeres deben ser quienes decidan si ellas pueden participar en política, y aproximadamente el 15% de la población considera que minorías de la diversidad sexual no deben participar en las elecciones a cargos públicos. Asimismo, alrededor de 10% considera que integrantes de grupos indígenas no deben participar en las elecciones.
Son retos de entidad superlativa. Se deben atender, sí, pero la responsabilidad es de todas y todos y no solo de las autoridades electorales.
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